El Observatorio es un órgano colegiado de ámbito estatal que depende de la Tesorería General de la Seguridad Social y se creó a partir de la orden ministerial TMS/667/2019 del 5 de junio. Su objetivo es prevenir y luchar contra el fraude para recuperar los recursos que pierde el Sistema de Seguridad Social por incumplimiento de las obligaciones y por conductas irregulares.
El Observatorio funcionará en pleno y en comisiones provinciales en las que están incluidos todas las entidades gestoras -Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y la propia TGSS-, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Además, cuenta con una representación empresarial y sindical.
En la reunión constitutiva de la Comisión provincial de Balears, han asistido: como presidenta de la comisión Socorro Carbonell (directora provincial suplente de la Tesorería General de la Seguridad Social), como secretario provincial Felipe Bravo (subdirector provincial de Gestión Recaudatoria en funciones), Yolanda Robledo (directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social), María Jesús Espinosa (asesora técnica responsable provincial de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social), Ana María Gil (Letrada de Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social), Carmen Puebla Tejerina (representante del Instituto Social de la Marina), representantes de la CAEB, UGT y CCOO. También ha asistido, únicamente a la reunión constitutiva de la Comisión provincial, el delegado del Gobierno en funciones Ramon Morey, que no forma parte permanente de dicha comisión.
La presidenta de la comisión provincial, Socorro Carbonell (directora provincial suplente de la Tesorería General de la Seguridad Social) ha explicado que este órgano va a analizar los datos para identificar posibles conductas irregulares y de fraude en materia de afiliación, cotización y recaudación a la Seguridad Social. Se podrán ordenar controles de inspecciones sobre determinadas actuaciones detectadas y se podrán encargar estudios monográficos. De todos esos análisis se sacarán conclusiones que se enviarán al pleno del Observatorio que está en los servicios centrales, en Madrid. “Funcionará como un foro”, ha dicho Socorro Carbonell, “todas las provincias recogerán las incidencias que se producen”, de esta manera, “se podrá prevenir el fraude con antelación si conocemos las actuaciones que se han llevado a cabo en unas provincias, pero aún no habían llegado a otras”.
Por su parte, el delegado del Gobierno en funciones, Ramón Morey, ha destacado que el Observatorio es la culminación de un proceso que se inició en 2007, cuando se creó un grupo de análisis del fraude en la Seguridad Social. Morey ha dicho que el Observatorio tiene una “misión importantísima”, ya que para garantizar y reforzar el sistema de pensiones hay que luchar contra el fraude. “Tiene ventajas para los trabadores puesto que una buena financiación y la lucha contra el fraude sirve para garantizar el derecho a una pensión digna. Además, las empresas no tienen que sufrir competencia desleal por el hecho de jugar con distintas reglas”. Ha añadido que es “algo que beneficia a todos, salvo a los defraudadores”.
La asesora técnica responsable provincial de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, María Jesús Espinosa, ha explicado que en el primer semestre del 2019 en Balears ha habido entre 150 y 200 expedientes en análisis (en cada semestre se suele registrar esta media). En lo que respecta a empresas ficticias, hay 80 expedientes abiertos, de los cuales 4 empresas han sido declaradas totalmente ficticias, es decir, que no han existido. Se han detectado 70 altas fraudulentas a la Seguridad Social, algunas de las cuales formaban parte de esas 4 empresas totalmente ficticias. Hay 35 expedientes abiertos por posibles autónomos ficticios, además otros 7 ya han sido declarados autónomos ficticios. Por último, hay 40 expedientes en marcha por posibles delitos contra la Seguridad Social (contemplado en el artículo 307 del Código Penal), y además hay otras 10 demandas judiciales por presuntos delitos contra la Seguridad Social, que afectan sobre todo a los sectores de la construcción y hostelería.
La Comisión provincial celebrará, al menos, 4 sesiones ordinarias al año.
El Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social funcionará con los medios personales y materiales de los que dispone la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que el funcionamiento de este órgano pueda generar el aumento de las dotaciones presupuestarias.
