A la pareja se les imputan delitos relacionado con el lucro de la prostitución, contra el derecho de los trabajadores y por coacción y amenazas, según ha informado la Jefatura Superior de Balears en una nota de prensa.
La Policía ha indicado que el hombre se quedaba con el 50% de los beneficios y entregaba la otra mitad a las trabajadoras, la mayoría de éstas sin permiso de residencia y trabajo, cuando él lo veía oportuno.
La mujer se encargaba de contactar con las víctimas para ofrecerles un trabajo en dicho piso. Los detenidos aprovechaban la situación irregular de las trabajadoras para imponerles condiciones de trabajo abusivas.
Presuntamente, las víctimas eran obligadas a permanecer un mínimo de 21 días en el interior de dicho inmueble ejerciendo la prostitución, teniendo que estar disponibles las 24 horas al día.
En la inspección de dicho inmueble se pudo comprobar como las ocho mujeres que allí se hallaban estaban en unas literas en el salón de la vivienda.
En el registro se procedió a la intervención de diversa documentación en la que queda patente el exhaustivo control de los servicios sexuales que allí se dispensaban, así como de las consumiciones alcohólicas que a los clientes se les cobraban.
La operación se inició a raíz de diversas declaraciones recibidas por varias víctimas, quienes decidieron acogerse a su derecho de ser testigos protegidos.
