En rueda de prensa tras el Consell del Ejecutivo autonómico, Pons ha argumentado que la futura Ley busca avanzar hacia la movilidad sostenible "siguiendo los criterios y los objetivos adoptados en el marco de la Unión Europea y de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de Naciones Unidas". Según ha explicado, está previsto que en invierno se "profundice en el debate", en primavera quede aprobado por el Consell para luego ser remitido al Parlament.
Con esta futura norma se pretende avanzar hacia un "nuevo modelo de movilidad sostenible" que reduzca el "elevado peso del coche privado" en los desplazamientos de la ciudadanía, facilite y agilice la mejora de las actuales redes de transporte público y, a la vez, que se permita mejorar la calidad ambiental y de vida, especialmente en las zonas urbanas.
La ley permitirá ampliar las herramientas y regulaciones vinculadas a las políticas de movilidad, por lo que incorporará nuevas medidas que permitan acelerar el proceso de cambio del modelo de movilidad para acercarlo al de los países más avanzados en estas políticas.
Más concretamente, según ha concretado Pons, los principales objetivos son, en primer lugar, el impulso a los planes de movilidad urbana sostenible y el establecimiento de nuevos órganos de coordinación interadministrativa y de fomento de la participación ciudadana y de los agentes sociales y económicos.
En segundo, el fomento del transporte público y colectivo, por lo que la norma establecerá los mecanismos no tan solo para mejorar la gestión y el servicio de los sistemas de transporte actuales, sino también para facilitar y agilizar la implantación de los futuros.
En tercer lugar, también ha destacado el fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, tanto desde el punto de vista de infraestructuras como de incentivos laborales o educativos. "Por ejemplo, en algunos países hay la posibilidad de incluir en los sueldos incentivos para los trabajadores que vayan a su lugar de trabajo en bicicleta o a pie", ha añadido.
En este sentido, se facilitará también la implantación de aparcamientos de bicicletas asociadas a estaciones y paradas de transporte público o en los lugares de trabajo, y equipamientos públicos o residenciales y otras medidas para incentivar el uso de la bicicleta como sistema de desplazamiento habitual en entornos escolares y laborales.
En cuarto lugar, se establecerán herramientas de regulación de los accesos a los centros urbanos y espacios sensibles y, en esta línea, la ley establecerá cómo se tendrían que introducir posibles limitaciones al acceso de vehículos a los centros urbanos o espacios protegidos en el momento en que así lo decide el ayuntamiento correspondiente o la institución competente.
Pons ha matizado que la ley no determinará una obligación, pero sí que fijará el marco normativo para llevar a cabo este tipo de medidas y, en este punto, también se definirá la red de aparcamientos disuasorios, que han de ser "elementos clave" para reducir la "presión" de los vehículos en los centros urbanos o espacios sensibles.
Por último, la ley regulará también herramientas de financiación y medidas fiscales destinadas a desarrollar las políticas de movilidad sostenible. Así, se facilitará la creación de sistemas tarifarios integrados y acuerdos de cooperación entre diferentes administraciones en materia de tarifas de transporte público.
También, sistemas de subvención y ayudas a entidades públicas y privadas que quieran fomentar la movilidad sostenible y, en cuanto a las medidas fiscales, el objetivo no es fijar impuestos ligados a la movilidad, sino más bien identificar fuentes de financiación impositiva ya existentes y destinar el producto de estas a potenciar el transporte.
Con todo, Pons ha indicado que ahora se inicia el camino para elaborar esta norma. El objetivo es que esta ley sea participada y, por lo tanto, el primer paso será abrir un proceso participativo abierto al conjunto de la ciudadanía.
