En menos de un mes se celebrará una majestuosa corrida donde cuatro de los mejores matadores de toros de la actualidad se citarán en el coso mallorquín para conmemorar el noventa aniversario que en este 2019 cumple la emblemática Plaza de Toros de Palma. Morante de la Puebla, El Juli, José María Manzanares y Roca Rey forman este cartel de lujo en un corrida que tiene como principal objetivo "reivindicar la libertad de este espectáculo en Balears".
Como recordarán, en 2017 el Govern aprobó la 'Ley de Toros a la Balear' la cual limitaba contundentemente las corridas en las islas, con medidas como la prohibición de la muerte del animal, la eliminación de las banderillas y del tercio de varas, la reducción de seis a tres toros por festejo y la acotación a 10 minutos que un toro podría estar como máximo en el ruedo. Todas estas restricciones provocaron que el toreo en Balears se desvirtuara por completo, que perdiera su esencia.
Sin embargo, en diciembre de 2018 el Tribunal Constitucional dictaminó una sentencia que derribaba los principales artículos de la 'ley a la balear' tras considerar que ésta "desnaturalizaba al completo el espectáculo taurino". No obstante, hubo ciertos artículos que el tribunal decidió mantener en pie. Entre ellos, destaca por encima del resto el que obliga, tanto a los toreros como a los toros, a ser sometidos a controles antidopaje. Una medida insólita en el mundo del toreo, más propia de deportes como el ciclismo o el fútbol que de la lidia.
Además, continúan vigentes otros artículos como el de denegar el acceso a la plaza a menores de 18 años, así como la prohibición de venta y consumo de alcohol dentro de ésta. Asimismo, se exige la colocación de múltiples carteles visibles, tanto dentro como fuera del coso, alertando que "el espectáculo puede herir la sensibilidad de los espectadores".
Como último requisito, aunque de improbable cumplimiento, se exige a toda plaza de toros de Balears que reforme sus enfermerías y que elimine cualquier barrera arquitectónica que tenga en su haber.
Si se incumpliera alguna de las medidas explicadas, los promotores del espectáculo y responsables de las plazas se podrían enfrentar a sanciones que oscilan entre los 1.000 y los 100.000 euros. Incluso pueden llegar a revocarse la licencia de actividad de la plaza en caso de infracciones consideradas graves o muy graves.
