En concreto, el organismo de fiscalización ha revisado los conceptos retributivos calificados como complementarios vigentes en 2016 y creados en Baleares desde el momento de la asunción de competencias. El informe ha sido entregado al Parlament este viernes.
El análisis "pone de manifiesto incumplimientos reiterados de normativa en el momento de su creación o pago inicial", según subraya la Sindicatura en sus conclusiones. Esto implica que durante algunos periodos de tiempo se han pagado retribuciones al personal "sin tener la cobertura legal correspondiente".
La Sindicatura considera que una prueba de esto es que la propia Comunidad Autónoma -a instancias de la Intervención General en algunos casos- ha tenido que legalizar a posteriori pagos hechos sin cobertura normativa, a través de diferentes leyes con los que los validaba de forma retroactiva de manera excepcional.
La Sindicatura ha observado este comportamiento en los tres bloques de trabajadores públicos autonómicos -educación, sanidad y servicios generales-, pero es en el Servicio de Salud (IbSalut) donde el fenómeno se da con mayor frecuencia, "a pesar de ser perfectamente conocedor de esta situación puesta de manifiesto en los informes de control financiero de la Intervención General", le reprocha.
En su informe, el organismo detalla diferentes ejemplos de este tipo de práctica. Uno de ellos es un complemento específico de servicios generales, que comenzó a pagarse de forma provisional con un decreto de 1992 pero no fue hasta siete años después que se consolidó y se integró.
Otro es el complemento especial para servicios en Formentera del IbSalut, que comenzó a pagarse a partir de 2007 sin estar aprobado por ley en base una instrucción, y que fue objeto de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) que anuló la actuación del Govern en 2010. En 2012 se habilitaron retroactivamente las cantidades pagadas desde 2007, y en 2016 los presupuestos lo reconocieron con efectos a partir de 2017. Según la Sindicatura, desde 2013 hasta 2017, las cantidades por este subconcepto se pagaron a cuenta y sin cobertura legal.
Así, la Sindicatura de Comptes resalta casos de complementos incorporados por vía reglamentaria cuando deberían haberse hecho por ley.
La Sindicatura ha resaltado que solicitó en diversas ocasiones, sin conseguirlo, informes jurídicos que validen, antes de la creación de los complementos, "el respeto a la normativa básica en materia de retribuciones".
Por otra parte, el organismo también ha confirmado incumplimientos en cuanto a los incrementos retributivos globales, que según el Estatuto Básico del Empleado Público no pueden superar los límites fijados por la Ley de Presupuestos estatal. Según la Sindicatura, los presupuestos de Baleares de 2016 incorporaron una serie de artículos que desvirtuaban el cumplimiento de estas restricciones.
Como recomendaciones, la Sindicatura recomienda a la Comunidad Autónoma que establezca procedimientos "previos y vinculantes" a la creación o modificación de complementos. En particular, le insta a recabar informes de legalidad de la Intervención General e informes de los servicios jurídicos de la CAIB, la Agencia Tributaria de Baleares o el IbSalut, "muy especialmente en este último servicio".
