Por su parte, la representación de la afectada también ha mantenido su petición, también de dos años de prisión, mientras que las defensas han pedido la absolución. El acoso consistía en ataques personales, insultos, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y llamadas telefónicas en las que se acusaba a la profesora de haber plagiado una parte de su tesis.
La Fiscalía considera acreditada la existencia de un conflicto en el Departamento de Filosofía de la Universidad, y también que ese conflicto estaría relacionado con quién impartía la asignatura de Antropología. La fiscal ha mantenido que la profesora sufrió "un hostigamiento" desde 2014, y que ha sido "perseguida e insultada". Además, ha remarcado que esto "lo han presenciado diversos testigos".
La acusación pública ha incidido en que la mujer recibió correos y llamadas tanto en el despacho como en su domicilio, y que además de acusarla de plagio se le amenazaba con difundirlo en la prensa y se le decía "que sus días en la UIB estaban contados". También ha resaltado que alguien consultó la tesis de la profesora utilizando un DNI y datos falsos al rellenar el formulario.
Según la fiscal, la mujer "se resistía a coger una baja" pero "dado que no podía desarrollar libremente su actividad profesional ni particular", terminó haciéndolo. En conjunto, la fiscal entiende que hay "indicios más que suficientes" para considerar que los dos profesiones acusados son los autores.
Por su parte, el abogado de la profesora denunciante ha pedido a los acusados una orden de alejamiento y una indemnización de 9.000 euros en concepto de daño moral. El letrado de la víctima, Gabriel Lladó, ha considerado que los hechos han quedado plenamente acreditados y ha insistido en distinguir entre un conflicto dentro de la universidad y un delito, "porque una parte ha causado un daño a la otra y la ha convertido en víctima".
El abogado de la acusación ha remarcado que los hechos se prolongaron hasta finales de 2017 de manera continuada, de manera que ha descartado una posible prescripción, y ha detallado algunas de las expresiones contenidas en los correos electrónicos, como "tus días están contados" o "vete de la universidad". El letrado ha incidido en que los hechos son "graves" y cree que han quedado ratificados por los testigos.
Además, la acusación particular señala a la UIB como responsable civil subsidiaria porque considera que no actuó con la debida diligencia para esclarecer los hechos. El abogado que representa a la universidad se ha opuesto a la petición.
Para la acusación particular, "se podría haber exigido una conducta un poco más proactiva" a la universidad, y ha echado en falta que se abrieran diligencias informativas, algo que, ha argumentado, no quedaba impedido por el hecho de que estuviera en curso un proceso penal.
Por su parte, las defensas han pedido una sentencia absolutoria porque si bien no han negado la existencia de los mensajes, han rechazado que los autores sean los dos profesores acusados.
Las abogadas defensoras han incidido en que los mensajes eran anónimos y creen que no hay ninguna prueba que corrobore que sus representados sean los autores, sino que "podría imputarse a cualquiera que trabaje en la universidad".
Los dos acusados han hecho uso de su derecho a la última palabra. Uno de ellos ha negado tener "nada que ver" con el acoso a la profesora, y ha insistido en que no tiene "nada en contra de ella". De hecho, ha asegurado que la mujer merece su "respeto como investigadora y como académica".
Igualmente, ha dicho no tener "ningún interés" por la tesis de la profesora y ha apuntado que, en su opinión, "una tesis doctoral en la vida de un académico es como el graduado escolar". "Me declaro absolutamente inocente", ha aseverado.
El profesor ha denunciado su "situación de absoluta indefensión ante la UIB", sin "ningún tipo de apoyo", y ha relatado que sufre problemas psicológicos derivados de ello. "De acosador nada, en todo caso, acosado", ha dicho.
Por su parte, el otro profesor acusado ha intervenido para negar que se haya querido "robar" una asignatura -la de antropología- porque, como catedrático, el hecho de que la materia se desplazara a otra área le perjudicaba. Por ello, ve "inverosímil" que se le señale como sospechoso. "No creo que se pueda pensar que soy el responsable de ese perjuicio contra mí mismo", ha concluido.
