Si los Acords pel Canvi fueron rubricados por Francina Armengol (PSIB-PSOE), Biel Barceló (MÉS per Mallorca) y Alberto Jarabo (Podem) bajo la atenta mirada de Ramón Llull en el interior del Parlament de les Illes Balears, para esta ocasión se ha elegido un lugar mucho más emblemático e histórico.
Los protagonistas han cambiado. Ni Jarabo ni Barceló han acudido a estrechar hoy la mano de Armengol. En su lugar lo han hecho Juan Pedro Yllanes (Unides Podem) y Miquel Ensenyat (MÉS Per Mallorca). El Castell de Bellver, insignia gótica construida bajo el reinado de Jaume II y desde donde se controla toda la capital, parte de la Tramuntana, del Pla y también del puerto ha acogido a las 12.00 del mediodía la escenificación del nuevo pacto.
En el apartado de medidas en materia de turismo, los tres partidos se comprometen a elabora una ley "que regule la oferta turística ligada a los excesos y al consumo de alcohol, incluyendo el 'todo incluido'. La ley afectará, en las zonas donde se especifique, en hoteles, bares, restaurantes, comercios, locales de ocio nocturno y otros tipos de establecimientos turísticos.
Según los partidos firmantes, la nueva norma "clarificará y mejorará la normativa del 'todo incluido'" con la introducción de limitaciones basadas en razones de interés general, como el medio ambiente, la salud pública y otros aspectos.
El pacto también prevé una ley de educación específica para Baleares "que incluya una financiación adecuada del sistema educativo, con el fin de dotarlo con los recursos necesarios para desarrollar un modelo de calidad, gratuito y universal, de acuerdo con la comunidad educativa".
Por otra parte, el pacto también incluye una Ley de Adicciones que aborde la ludopatía y otras enfermedades; una Ley de movilidad sostenible; una Ley del Paisaje; una Ley para la Conservación de los espacios de relevancia ambiental; una Ley de Ciencia; una nueva Ley de servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento -conocida popularmente como 'Ley del Fuego'-; y una Ley de agentes de medio ambiente -además de reforzar la disciplina ambiental-.
También se prevén leyes de prevención de la obesidad y el sedentarismo; de protección de los derechos de las personas mayores; de polígonos industriales; y de industrias culturales y de mecenazgo cultural.
Asimismo, uno de los puntos del acuerdo consiste en elaborar una Ley de derecho a la información "para garantizar el acceso a una información veraz, independiente y plural".
Igualmente, PSIB, Podemos y MÉS pretende actualizar distintas leyes, como la de Bibliotecas, Archivos y Museos; Cooperación; Consumo -para adaptarla a las nuevas directrices europeas-; Consells Insulars; Sindicatura de Greuges; y Bienestar Animal.
El documento incorpora también el despliegue de varias leyes aprobadas durante la etapa 2015-2019, como las de Vivienda -con énfasis en el derecho a la vivienda de colectivos vulnerables-; la Ley de Consultas, la Ley balear de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir -prevén pedir al Estado que despenalice la eutanasia-; la Ley de Fosas o la Ley de Cambio Climático.
Además, se comprometen a aprobar una normativa con medidas extraordinarias para garantizar el acceso a la vivienda y desarrollar el decreto de emergencia en materia de vivienda.
En materia de vivienda, el Govern creará la oficina de vivienda vacía y un observatorio de precios de la vivienda, y establecerá incentivos en el tramo autonómico del IRPF a los propietarios que fijen precios accesibles y "socialmente responsables" y a quienes fomenten alquileres de larga duración. Además, PSIB, MÉS y Podemos se han comprometido a incrementar el parque de vivienda social de alquiler de gestión pública.
Por otra parte, pedirán derogar disposiciones de la Ley de emprendedores estatal, en lo relativo a que los extranjeros puedan conseguir visado y autorización de residencia a cambio de la adquisición de viviendas de más de 500.000 euros; e instarán a revisar la fiscalidad sobre la vivienda, especialmente sobre las sociedades patrimoniales, incluidas las SOCIMI.
En salud, las tres fuerzas políticas de izquierda han acordado trabajar por la reducción de las listas de espera, con más recursos para la atención hospitalaria y con un mayor acercamiento de servicios especializados; implantar, de forma progresiva, la gratuidad de las vacunas recomendables; y revisaremos los conciertos y contratos con la sanidad privada con el objetivo de conseguir "una mayor autonomía y una menor dependencia externa".
También se comprometen a estabilizar las plantillas públicas con nuevas convocatorias de empleo en diferentes ramas de la Administración.
En movilidad, el acuerdo incluye fomentar nuevos sistemas de precios que premien el uso del transporte público; impulsar el control de vehículos de alquiler y potenciar que sean eléctricos; reclamar nuevas rutas directas de las Islas con la Península con precios máximos; promover nuevas rutas y frecuencias de transporte interurbano por carretera; mejorar infraestructuras, frecuencias y capacidad de la red ferroviaria; promover la movilidad colectiva de personas trabajadoras; y reclamar al Estado que pague íntegramente la bonificación del 75 por ciento del transporte marítimo entre islas.
Otras medidas son la gratuidad progresiva en la etapa educativa de 0-3 años; llegar a 1.000 puntos de recarga eléctrica en 2025; ampliar parques naturales; reclamar al Estado las competencias sobre el litoral y costas, el nuevo sistema de financiación y la parte fiscal del REB y el pago pendiente del convenio de carreteras; extender el Plan de Lucha contra la Precariedad al control de horarios laborales; un programa de atracción de empresas; crear nuevas infraestructuras culturales y una Agencia de Consumo; reforzar la inspección turística, tanto a hoteles como a viviendas vacacionales; realizar audiencias públicas para rendir cuentas ante la ciudadanía; y crear un Consell de la Infancia, entre otras.
