Ante el anuncio aparecido en prensa sobre los primeros acuerdos de gobierno que se van a llevar a cabo en el Ayuntamiento de Palma tras las pasadas elecciones, desde la Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI) quieren manifestar que:

"La construcción de las 1.500 Viviendas de Protección Oficial (VPO) supone, en el corto plazo, una ayuda a todas aquellas familias con recursos limitados que no pueden hacer frente a los alquileres actuales en determinadas zonas de la capital balear.

Es una medida a la que se comprometieron todos los partidos políticos sin excepción, por lo que no estaría justificado que no se llevara a cabo, pero si el motivo de la construcción de vivienda social tiene como fin regular el precio del alquiler, desde ABSI nos oponemos a esta medida. 

 Creemos que la regulación del precio del alquiler no se soluciona con este tipo de medidas sino con una nueva reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ya que la última modificación realizada por el gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de marzo pone en peligro la garantía que tiene el propietario de una vivienda en beneficio del arrendatario. 

 Desde ABSI pedimos al nuevo gobierno que se formará en las próximas semanas que tenga en cuenta la opinión de las inmobiliarias a la hora de llevar a cabo propuestas y reformas.

La construcción de nuevas viviendas accesibles en determinados puntos de la isla va a suponer una devaluación en el precio del alquiler de esas zonas. Habrá más oferta, y una oferta mucho más barata que la actual, por lo que se devaluará el mercado existente y propietarios que han comprado viviendas en esas zonas donde se van a construir VPO, que están pagando su hipoteca, se van a encontrar con una vivienda que vale considerablemente menos que el precio que han pagado.

Por lo tanto, desde ABSI, creemos necesario mantener un encuentro con el nuevo equipo de gobierno municipal para expresarles nuestros puntos de vista y consensuar la mejor solución para arrendadores y arrendatarios".