Bestard ha sostenido que “la caza es una actividad necesaria para garantizar el equilibrio medioambiental. Aquellos que quieren prohibirla deben entender que la caza previene la proliferación de cabras asilvestradas que arrasan con la vegetación o que limita el exceso de aves en las inmediaciones del Aeropuerto, lo que supone un peligro para la navegación aérea. Son sólo dos ejemplos”. “Sorprende que fuerzas como Més per Mallorca o el PP se comprometan a permitir la caza en fincas públicas cuando no lo han hecho al gobernar, incluso algún expopular ahora en otro partido y que fue conseller. Todos se suman al carro de VOX antes de las elecciones”.
El candidato al Consell mantiene que “los más interesados en mantener el ecosistema son los propios cazadores, las personas que pisan cada día el campo y lo conocen. Al igual que en el caso de la pesca deportiva y recreativa, la caza debe ordenarse en base a estudios científicos, no en la peregrina idea de que se puede prohibir sin más. Esos planteamientos prohibicionistas son fruto del sectarismo y el desconocimiento”. Bestard se ha reunido con diferentes entidades y asociaciones de cazadores en las últimas semanas que le han transmitido su preocupación por la forma en la que las propuestas encaminadas a la prohibición afectan al entorno rural.
La candidata a la alcaldía de Calviá por VOX Baleares, Idoia Ribas, se ha sumado a este compromiso desde el minuto uno: “La finca pública de Galatzó es de los calvianers, debe estar abierta a todos los ciudadanos y por eso se volverá a permitir la caza en sus terrenos. La caza y el control cinegético, además de necesarios, son una petición de los ciudadanos que ven como algo que se ha comprado con su dinero no puede ser utilizado por todos”. La finca próxima al núcleo de Es Capdellá tiene una superficie de de casi 1.400 hectáreas, lo que supone alrededor del 10 por ciento de la superficie del municipio. La caza en Galatzó, como en el resto de fincas, se ordenará en áreas específicas y en los días estipulados para no interferir con los visitantes y los excursionistas.
De forma transversal (entre el gasto directo y el indirecto en productos y servicios) la caza en España genera un volumen de negocio de 6.475 millones de euros anuales e ingresa a las arcas públicas 614 millones de euros, 200 millones sólo en tasas e impuestos sobre su actividad. Además, mantiene unos 54.000 puestos de trabajo. Mallorca cuenta con 17.000 licencias de caza y se calcula que el gasto medio por cazador y año es de unos 2.000 euros. A esa cantidad hay que añadir el enorme beneficio que para otras actividades comerciales supone la caza (transportes, restauración, alojamientos...).