Pocas veces la putrefacción de instituciones del estado ha salido a la luz como estos días en Mallorca: una sector de la Policía Nacional o de la judicatura --porque los límites son borrosos-- ha filtrado a la prensa, como es habitual en las cloacas del poder, los mensajes que se intercambiaban los fiscales y jueces que son conocidos como los intocables y que habían investigado, imputado y encarcelado al empresario de la noche, Tolo Cursach. Cualquiera que lea estos documentos puede concluir que tenemos un problema judicial excepcionalmente grave. ¿Cómo puede ser que los testigos y acusados sean sometidos a un tratamiento absolutamente inaceptable en el que la presión o incluso el chantaje son la norma? ¿En Baleares existen garantías de un proceso y juicios justos o no? Todo lo que se ha filtrado, propio de un país bananero, ha llevado a la detención de algunos policías y a la apertura de diligencias contra un fiscal y un juez. Ahí es nada.

Sin embargo, el asunto es mucho más turbio aún porque esta acción contra estos jueces, fiscales, policías y no sé si periodistas, por muy fundada que esté y obviamente lo está, tiene lugar en beneficio de Tolo Cursach, cuyo grupo empresarial estaba acusado de tener comprados a policías, funcionarios y a algún político. Este giro a la investigación supone que todo lo que se está descubriendo probablemente invalide la instrucción previa, que había destapado un auténtico lodazal.

En esta batalla de repugnancia sobre repugnancia encontramos enfangados a jueces contra jueces, a periodistas contra periodistas y todo con un indiscutible olor a putrefacción, a mafias, a intereses bastardos.

La prensa balear, por su parte, en todo este escándalo ha tocado suelo: ahí la tienen enfangada en este entorno podrido, despreciando los derechos básicos de los justiciables, haciendo de brazo tonto para los fines destructivos perseguidos por la trama de jueces y fiscales. O ahí está, dando voz a los intereses del grupo de ocio nocturno más poderoso de la isla, que según lo que se ha filtrado ampliamente, estaba compinchado con las policías locales de Palma y de Calvià, con partes de la Policía Nacional y con segmentos de los cuerpos de funcionarios de diversas instituciones públicas, especialmente el ayuntamiento de Palma.

En esta batalla de repugnancia sobre repugnancia encontramos enfangados a jueces contra jueces, a periodistas contra periodistas y todo con un indiscutible olor a putrefacción, a mafias, a intereses bastardos. Aquí tenemos pura cloaca, pura corrupción: el uso de funcionarios públicos, encargados de defender los intereses colectivos, dedicados a amedrentar a particulares que osan querer competir en el mismo mercado que el magnate de la noche; el manejo de la prensa para destruir a acusados o testigos en contra del magnate, sin respetar los más elementales principios de la justicia; la Policía Nacional deteniendo a policías nacionales inmersos en un charco de suciedad enorme.

La actuación de las fuerzas de seguridad contraria a los intereses generales no son asuntos suficientemente importantes ni para Company, ni para Armengol, ni para Font, ni para quien sea que responda por Més.

¿Qué es de una región en la que la Justicia está en esta situación? ¿Qué queda de los derechos humanos fundamentales cuando la Justicia y la policía caen a estos niveles?

Sin embargo, para mí hay algo al menos tan escandaloso como esta putrefacción: el silencio del poder político. La policía local de Palma, la de Calvià y una parte de la policía nacional están pringados en conductas vergonzosas, jueces y fiscales actúan con absoluta falta de respeto a los principios más elementales de la Justicia, la prensa se arrastra en la basura y nadie tiene nada que decir. Aquí han corrido ríos de tinta cuando ha convenido por asuntos infinitamente menos serios, pero el desprestigio de la Justicia, la actuación de las fuerzas de seguridad contraria a los intereses generales no son asuntos suficientemente importantes ni para Company, ni para Armengol, ni para Font, ni para quien sea que responda por Més. En Baleares se documenta la violación de todos los principios en los que se sustenta la igualdad, un poder económico puede estar consiguiendo escaparse de un procedimiento judicial por delitos muy graves y nadie, ni derecha ni izquierda, tienen nada que decir. Apenas ha hablado un cargo de Podemos, pero podía haber callado porque no dijo nada de valor.

No sé de qué podemos presumir en estas islas tras intuir lo que hay detrás de las noticias que se publican, pero desde luego ahora creo que es verosímil dudar de la intención con la que se han llevado a cabo muchos de los procesos judiciales que tuvieron lugar en los últimos diez años en las Islas; ahora quizás se entiendan muchos silencios judiciales y policiales. Por supuesto, como ciudadano sin poder, como persona de a pie, me siento desprotegido, sin derecho a nada. Y eso en una democracia es tremendamente grave. Ni las instituciones ni nuestros representantes parecen interesados en aclararnos este fangal.