Ustedes verán: tengo una tía que no tiene hijos y que es viuda, a la que se le ha roto la cadera. Nada inusual a ciertas edades. Fue operada en la sanidad pública, todo fue bien, el servicio fue correcto y no hay queja. Pero, en ese momento los familiares empezamos a tomar conciencia de que se nos abre un horizonte problemático, imaginable.
A pesar del gran susto inicial, las cosas parecen que van mucho mejor de lo planeado y mi tía sólo tendrá dos o tres meses de convalecencia, en parte usando un andador y, después, con muletas para, si la recuperación se produce como es previsible, acabar casi igual que antes de la intervención quirúrgica.
El médico, amable y gentil, como es tradicional en nuestra Mallorca desinteresada, sin que se lo pidiéramos, nos hizo la gestión de traernos una ortopedia “que tenemos por aquí”, que nos ofrecía un andador por un precio un 80 por ciento más caro que el mismo que vimos en Amazon. Todo se desarrolló en apenas dos horas, pero los familiares pensamos que no había motivos para pagar casi el doble, por lo que nos quedamos infinitamente agradecidos por la gestión, pero no aceptamos. O sea que compramos un andador que nos entregaron en casa a los dos días.
En las salas de espera del hospital, y no en un tablón de anuncios, ni tampoco a través de la información facilitada por el hospital, supe que el IbSalut financia los andadores. Interesado en saber qué nos pagarían, pregunté a una enfermera que me dijo “nosotros no sabemos nada”. En todo caso, todo pasaba por ir a la oficina del IbSalut en Reina Esclaramunda.
De modo que allí vamos. En información nos indican que, efectivamente, tengo que presentar una solicitud en un papel preparado al efecto por el IbSalut. ¿Internet? ¿Correo electrónico? No, no, estas novedades no han llegado aún por estos lares. Aquí hay que presentar todo en papel, con firmas y sellos de goma, consustancial a la naturaleza de nuestra burocracia. Hay que llevar una prescripción de un médico, la factura del andador, la solicitud debidamente firmada y otro impreso con los datos bancarios.
Yo también me encargué de entregar estos papeles. Pero hice una consulta: ¿se puede saber de cuánto es la subvención? Tuve la osadía de hacer tan atrevida pregunta en el IbSalud, concretamente en la oficina en la que se presentan estas solicitudes. “Lo siento, yo no sé de cuánto es la subvención”, me respondieron. “¿Pero esta no es la oficina donde se presentan las solicitudes?” “Sí, pero yo no sé cuánto se subvenciona”. Lo deciden arriba, en el piso dos, tres, cuatro o sabe Dios cuál. “¿Y no tiene un papel impreso con los criterios para conceder la ayuda?” “No, no tenemos nada”.
Obviamente, la opción es mandar todo al carajo, por impresentable, o callar y aceptar este tratamiento. De modo que callo y me apresto a marcharme, no sin una pregunta no comprometedora: “¿cuándo tendré noticias de esta petición?”. “En ocho o nueve meses”.
Esta es la sensibilidad social en Baleares: una mujer que tiene la pensión mínima, que ha tenido que pagarse el andador, no tiene derecho a saber cuánto le subvencionará el Estado y ha de esperar ocho o nueve meses a que le contesten y, en el mejor de los casos, le entreguen una cantidad que puede ser un fijo, que puede ser un porcentaje del precio pagado, o que puede ser el rechazo de la solicitud por una estupidez de forma, que tanto entusiasma a nuestros funcionarios.
A mi modo de ver, esto atenta contra la dignidad de las personas. No sólo porque hay que ir tres veces a averiguar el funcionamiento, no sólo porque hay que adelantar el coste, no sólo porque lo único en lo que el sistema es proactivo es en ofrecernos un producto que es el doble de caro de lo que vale realmente, sino porque no nos tratan como ciudadanos objetos de derechos sino como vasallos que debemos mostrarnos agradecidos porque nos van a hacer un regalito en forma de dinero. Porque para el funcionario y para la conselleria y para los políticos este es un regalo inmerecido, hemos de pasar por la falta de información, la ausencia de facilidades, la obligación de presentar todo en papel, la espera de ocho meses y la incertidumbre de saber si un día pagarán o no. Porque en el fondo nos tratan como a humildes vasallos.
