Los congregados, liderados por Martín Aleñar, decano del Colegio de Abogados de Baleares, han leído un manifiesto en el que han querido subrayar "el reconocimiento a la labor esencial que prestan estos profesionales" y denunciar las condiciones laborales de este colectivo, que acumula retrasos de más de cuatro meses en los cobros y percibe retribuciones diferentes dependiendo de las comunidad autónoma en la que presten sus servicios.
En concreto, apuntan que la Administración acumula retrasos desde noviembre de 2018. Además, apuntan que las diferencias entre las comunidades autónomas es "injusta". Aleñar ha expresado que los meses de retraso en los pagos se traducen en "más de un millón de millón y medio de euros en Baleares" por actuaciones realizadas por "cerca de setecientos abogados", que, según el decano, "han hecho su trabajo y no han cobrado".
Por otra parte, han exigido que cese "el menosprecio" a la labor eficaz y eficiente de quienes prestan servicio de justicia gratuita para hacer posible la igualdad de todas las personas ante el sistema de justicia español.
Finalmente, Aleñar ha pedido que "se acometan con urgencia las reformas necesarias para conseguir una justa remuneración".
Desde el Colegio de Abogados de Baleares han informado que no se descarta la realización, más adelante, de posibles paros parciales del servicio, cuya realización dependerá, fundamentalmente, de la respuesta que pueda ofrecer el Ministerio a las reivindicaciones del colectivo.
Aun cuando está por determinar la organización de dichas movilizaciones, la idea es que, según el Colegio, de concretarse, en una primera fase podrían afectar a los señalamientos en los que haya intervención de letrado del turno de oficio, salvo en causas con preso.
En una segunda fase podría plantearse la realización de paros, durante un intervalo temporal determinado por la mañana, en el servicio de guardia, con excepción de las asistencias en asuntos de violencia de género y menores.
