Probablemente nadie haya reparado en una noticia que tuvo lugar estos días en Mallorca y que, por habitual y reiterada, ha pasado desapercibida. Me refiero a una rueda de prensa que dieron la presidenta del Govern Balear y el presidente del Consell de Mallorca para anunciar ‘urbi et orbi’ que la segunda institución cedía unos solares a la primera para esta construya en ese suelo unas 250 viviendas.

Ustedes verán, a estas alturas de la legislatura, apenas a días de que haya elecciones, la credibilidad de quienes empiezan a cederse los solares para después convocar el concurso para buscar al arquitecto para después licitar las obras para después disponer de 250 viviendas, es nula. Antes del final de la legislatura no serán capaces siquiera de inscribir en el registro de la propiedad el cambio de titular de los solares.

Sin embargo, el asunto merece atención no por lo que dice –250 viviendas nuevas, una gota en el océano– sino por lo que permite deducir. Que los máximos responsables de estas dos instituciones, o sea las personas que salen en las fotos de las vallas publicitarias electorales, firmen urgentemente este acuerdo, que lo hagan ante toda la prensa, apunta a que nuestras autoridades no deben de estar muy seguras de haber hecho lo suficiente para mejorar la oferta de viviendas y tienen interés en aparecer en los medios abordando este asunto. Algo debe de estar fallando, algo debe de ser insuficiente, algo debe de estar preocupando, porque si no no habría rueda de prensa, ni fotos, ni acuerdos, ni solares. Y menos cuando la legislatura se encuentra en tiempo de descuento.

A mi modo de ver, el tema de fondo es que prácticamente todos los inquilinos de Baleares se encuentran hoy, tras cuatro años de mandato de los partidos de izquierdas, con que los alquileres son mucho más caros, sin que eso tenga ningún paralelismo en los salarios o en las pensiones. Se trata de un verdadero golpe en la cara a los más pobres, a quienes tienen más necesidades, a quienes supuestamente deberían haber sido defendidos por la izquierda. El alcalde de Palma, Antoni Noguera, debe de compartir también esta preocupación cuando incorpora a su programa electoral algo de imposible cumplimiento porque no es competencia municipal: un tope en el precio de los alquileres. La sola idea revela que Noguera no está preparado ni siquiera para ser celador municipal, pero también indica que el asunto de los alquileres es grave.

Yo, si fuera dirigente de un partido de izquierdas, intentaría al menos que los propietarios de pisos, que están enriqueciéndose, me voten. De perdidos al río.