Además, Baleares registró en 2018 una tasa de resolución --cociente entre los asuntos ingresados y los asuntos resueltos-- de 0,95, una décima por debajo de la media nacional. En concreto, la tasa más elevada se dio en la jurisdicción penal ya que se resolvieron más asuntos de los ingresados con una tasa del 1,01 el año pasado. Le siguen las resoluciones judiciales de lo social (0,93), lo civil (0,87) y de contenciosos-administrativos (0,84).
Respecto la tasa de congestión, Baleares registró en 2018 una tasa de 1,48, tres décimas por encima de la media nacional y en la que el mayor registro se dio en los juzgados y tribunales contenciosos-administrativos con una tasa de 2,44 frente a la media estatal de 1,88. Le siguen la tasa de congestión en jurisdicción de lo social (2,07), la jurisdicción civil (1,67) y la penal (1,27).
Por su parte, la tasa de sentencia --asuntos resueltos por sentencia-- total en Baleares durante 2018 fue de 0,25, una décima por debajo de la media nacional. Así, la jurisdicción de lo contencioso-administrativo fue el área con una mayor tasa al registrar un 0,65 frente a la media estatal del 0,60. Le siguen la jurisdicción social (0,48), la civil (0,30) y la penal (0,18).
Además, la tasa de pendencia --asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo-- en Baleares fue de 0,47 en 2018, dos décimas por encima de la media del Estado. La jurisdicción de lo contencioso-administrativo fue la que registró una mayor tasa de pendencia con un 1,45 frente a la media nacional situada en el 0,89. Le siguen la jurisdicción de lo social (0,95), lo civil (0,68) y lo penal (0,26).
En Baleares los asuntos ingresados fueron 151.453, un 2,1 por ciento menos que en el año 2017. En el mismo periodo, en el archipiélago balear se resolvieron 143.497 asuntos, un 2,5 por ciento menos y quedaron en trámite un total de 67.249, lo que significa un incremento del 11,1 por ciento.
En la jurisdicción Civil en Baleares el número de asuntos ingresados alcanzó los 59.490, con un incremento del 14 por ciento respecto a 2017. En esta jurisdicción se resolvieron 51.561 asuntos, un 7,9 por ciento más que en el año 2017, y quedaron en trámite 35.229, un 31,6 por ciento más que al final del año anterior.
En el incremento de los asuntos civiles, sobre todo de los que quedaron en trámite, han vuelto a tener un papel importante las demandas relacionadas con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
En el archipiélago balear, en la jurisdicción Penal entraron 81.013 asuntos, con una disminución del 12,5 por ciento, habiéndose resuelto 82.031 asuntos, un 8,8 por ciento menos, y quedando en trámite 21.232 asuntos, un 8,5 por ciento menos que en 2017.
En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registraron en Baleares 3.352 nuevos asuntos, con un incremento del 14,1 por ciento respecto a 2017. Se resolvieron 2.827 asuntos, un 12,4 por ciento más que el año anterior, y quedaron en trámite 4.096 asuntos, un 15,5 por ciento superior a 2017.
En la jurisdicción Social ingresaron 7.598 nuevos asuntos, con un incremento del 9,5 por ciento. Se resolvieron 7.078 asuntos, un 1,7 por ciento más que en 2017, y quedaron en trámite 6.692 asuntos, con un descenso del 4,8 por ciento respecto del año anterior.
A nivel nacional, los juzgados y tribunales españoles recibieron en 2018 un total de 5.991.201 asuntos nuevos (1,5 millones sólo en el último trimestre), lo que supone un incremento del 2 por ciento respecto de 2017, motivado especialmente por las subidas de 9 y 6,5 puntos en las jurisdicciones civil y contencioso administrativo, respectivamente, y pese a la reducción del 2,5 por ciento en lo penal. Lo social también creció, aunque un 0,3 por ciento.
Según informa el CGPJ, al cierre del año quedaron por resolver 2.609.182 asuntos, lo que significa un incremento del 9,6 por ciento respecto a los temas pendientes en 2017. Mientras, se terminaron 5.780.634 asuntos, un 0,6 por ciento más.
En la jurisdicción Civil el número de asuntos ingresados alcanzó los 2.225.304, con un incremento del 9 por ciento respecto a 2017. En esta jurisdicción se resolvieron 2.014.072 asuntos, un 7,4 por ciento más que en el año 2017, y quedaron en trámite 1.420.310, un 17,7 por ciento más que al final del año anterior.
Destacan en este ámbito, especialmente entre los asuntos sin resolver, las demandas relacionadas con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
En cuanto al área contencioso-administrativa, se registraron 208.724 nuevos asuntos, un 6,5 por ciento más que en el año anterior, se resolvieron 210.219 asuntos, un 2,3 por ciento más y quedaron en trámite 188.061, lo que también supone un incremento interanual del 1 por ciento.
Creció asimismo la jurisdicción Social, que ingresó 405.945 nuevos asuntos, un 0,3 por ciento más, aunque se resolvieron un 0,8 por ciento menos (389.971) que el año anterior y quedaron más temas en trámite, 287.434 asuntos, un 1,8 por ciento más.
La jurisdicción de lo Penal es la única donde se redujo el número de asuntos nuevos. Fueron 3.151.025 asuntos, un 2,5 por ciento menos. Se resolvieron 3.166.203 (3,4 por ciento menos) y quedaron en trámite 713.275 asuntos, un 1,1 por ciento más que en 2017.
Por comunidades autónomas, el CGPJ refleja que la tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado fue de 128,2 asuntos por cada 1.000 habitantes, aunque Canarias (167,5), Andalucía (145,1), Asturias (136,2), Illes Balears (134,2), Cantabria (131,2), Comunitat Valenciana (130,6) y Murcia (130,1) se situaron por encima de la media. En el lado opuesto, La Rioja (88,7), Navarra (93,9) y País Vasco (94,4) fueron las que menos tasa registraron.
