Según han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso, el juez considera que las pruebas practicadas no permiten "atisbar o descubrir fuera de conjeturas y con sospechas fundadas, razonables y lógicas" la posible responsabilidad de los investigados.
En su argumentación jurídica, el instructor recuerda que "cuando se habla de actuaciones administrativas, no es suficiente la mera ilegalidad" para que exista una infracción penal, sino que el derecho penal solamente se ocupa "de la sanción a los ataques más graves a la ilegalidad".
Así, Morell concluye que en este caso "no puede identificarse" prevaricación porque ello exigiría una ilegalidad "evidente, patente, flagrante y clamorosa", según jurisprudencia del Tribunal Supremo, y no basta "una mera irregularidad administrativa".
Además, el juez argumenta que los investigados -entre otras personas, la exconsellera de Cultura, Ruth Mateu, que dimitió a raíz de la polémica- han explicado "de forma coherente el objeto de los diversos contratos y la razón por la que consideraban que no constituían una unidad indivisible", negando el fraccionamiento irregular que les atribuía la Fiscalía.
Los investigados afirmaron de forma unánime que por un lado se realizaban las encuestas y por otro los estudios que debían analizarlas, pero que se hacen de forma separada porque en ocasiones pueden utilizarse las mismas encuestas de base para diferentes estudios, más allá de de los que se habían previsto -que versaban sobre hábitos de consumo cultural y satisfacción de los turistas-.
El juez entiende que los imputados justificaron sus actuaciones "con criterios acogibles, defendibles y razonables". Así, Morell descarta que sus decisiones como administradores públicos "puedan considerarse arbitrarias e indefendibles y adoptadas a sabiendas de su injusticia".
Además, el instructor cree que no puede concluirse que Regioplus -empresa vinculada a Garau- y una multinacional que optaba a un mismo contrato tuvieran un acuerdo para repartírselo. Las dos empresas se presentaron a un contrato que consistía en hacer 1.600 encuestas y que fue adjudicado a la multinacional. Por conveniencia comercial, ésta subcontrató a Regioplus para que realizara 300 encuestas presenciales, mediante una factura de 5.000 euros sin IVA.
Al descartarse la acreditación del delito de prevaricación, el juez rechaza también el de tráfico de influencias.
En la resolución dictada este lunes, el juez también rechaza la petición del PP -personado como acusación popular desde el pasado noviembre- para investigar si los trabajos realizados se ajustaban al precio de mercado.
Para ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 apunta que "ninguna de las irregularidades presuntamente cometidas tienen relación con el precio de los trabajos o con el sobreprecio" y el resultado tampoco cambiaría el resto de argumentos que le han conducido a archivar el caso.
La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación.
Las diligencias se abrieron a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2017, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La querella se dirigía contra el excoordinador de la campaña electoral de MÉS, Jaume Garau; la exconsellera de Cultura, Transparencia y Deportes, Ruth Mateu; el exdirector general de Cultura, Jaume Gomila; el exdirector del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), José Ramón Cerdà; y el exdirector de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB), Pere Muñoz.
La Fiscalía les acusaba de favorecer arbitrariamente al exjefe de campaña de MÉS desde las Consellerias ocupadas por cargos vinculados al partido, mediante la adjudicación directa de dos contratos menores y un gasto menor desde Cultura y un negociado sin publicidad y otro contrato menor desde Turismo. El fiscal consideraba que se había fraccionado indebidamente un contrato con el objetivo de eludir la legalidad administrativa.
Así, la investigación se ha centrado, entre otros aspectos, en dilucidar si los contratos tenían por objeto una misma prestación de servicios y constituían una unidad operativa y funcional, y, por tanto, debían haber sido objeto de un solo contrato.
Ruth Mateu presentó su dimisión como consellera el 31 de marzo de 2017. Explicó los motivos en una rueda de prensa convocada de urgencia en la Conselleria, en la que compareció junto a su equipo y sostuvo que no había cometido "ninguna irregularidad", sino que dimitía "para dar ejemplo". En su última comparecencia pública como consellera, insistió en que "ningún miembro del partido" había "recibido instrucciones sobre las personas que se deben contratar". El mismo día, MÉS anunció la apertura de un proceso para expulsar a Garau del partido.
