La no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte de los independentistas ha provocado los terceros comicios en España en tan solo cuatro años. Pero eso no es todo. De hecho, en estos últimos años también hemos sido testigos de la legislatura más corta de nuestra democracia reciente. Una brevísima legislatura que ha venido precedida de dos mociones de censura y la mayor crisis territorial de nuestro país en décadas.
Hace tan solo dos meses, hablé en otro artículo de un concepto elaborado por uno de los mejores pensadores del siglo XX, Zygmunt Bauman. Este autor fue sumamente popular en los últimos años de su vida por su concepción de la nueva sociedad que se estaba construyendo, a la que él denominaba “sociedad líquida”. Una sociedad excesivamente volátil y flexible a cualquier tipo de cambio, donde todo cambia a velocidad de vértigo. Realmente, no se me ocurre un mejor ejemplo de esa realidad tan bien visualizada por Bauman hace un par de décadas, como todo aquello que está sucediendo en la sociedad española en estos últimos años. Y es que del mismo modo que se hacía totalmente impredecible calcular el tiempo que Sánchez iba a aguantar en la Moncloa tras el inesperado éxito de la moción de censura, los pronósticos respecto a las próximas elecciones generales son igual de indescifrables.
En realidad, considero que la clave principal de estos comicios residirá en el miedo. ¿Qué miedo se impondrá más en los españoles el próximo 28 de abril, el miedo al independentismo o el miedo al populismo trumpista de Vox? No hay duda de que gran parte de los resultados del 28-A estarán (por desgracia) sumamente influenciados por la emoción y no por la razón. De hecho, no podemos obviar que ese lenguaje emocional e inmediato que tan presente está en la política actual (hecho fácilmente demostrable no solo en España, sino en gran parte del mundo), está imponiéndose cada vez más al discurso más racional y reflexivo que siempre había caracterizado a la política desde sus inicios. Esta “tuiterización” de la política, cada vez más extendida entre las formaciones políticas (en unas más que en otras, eso sí), donde solo se mira el beneficio inmediato en términos puramente electorales, no está haciendo más que posponer los verdaderos problemas de nuestro país.
Este cambio de discurso en el terreno político nos está mostrando a unos políticos cada vez más incapaces de llegar a cualquier tipo de acuerdo, lo que ha repercutido en una repetición constante de los comicios generales en los últimos años. Los políticos de nuestro país parece que todavía no han entendido que el bipartidismo murió hace años, y que para gobernar es estrictamente necesario pactar con más formaciones. El problema es que el pacto, el acuerdo, el consenso se ve más como un acto de traición al propio electorado que como una forma de mejorar la vida de los ciudadanos. Un gran ejemplo de ello son los partidos independentistas, y en especial Esquerra Republicana, que después de varios años de austeridad presupuestaria con Montoro, han vuelto a negar unos presupuestos mucho más sociales y ambiciosos para los catalanes. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque las prioridades de Esquerra en la actualidad no son las mismas que aquellas que habían tenido hasta hace bien poco. Asuntos tan relevantes como la educación o la sanidad públicas han sido desplazados de la agenda de ERC en estos últimos años por la independencia. Asimismo, el miedo entre el independentismo a que parte de su electorado vea el acuerdo con el Ejecutivo socialista como una traición, ha acabado por atenazar el sentido común y la inteligencia de los dirigentes catalanes.
Antes de finalizar, me es imposible señalar una curiosa coincidencia que tuvo lugar hace tan solo unos días. Y es que al mismo tiempo que Esquerra y PdeCat daban su negativa final a los Presupuestos Generales del Estado, votando así junto a PP o Ciudadanos, nuestro país era testigo del comienzo del juicio al procés. Un juicio que pide penas sumamente desproporcionadas a cada uno de los políticos presos catalanes, acusados de delitos tan graves como el de rebelión, que según el Código Penal alude a aquellos que se alcen “violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. ¿Alguien recuerda que se portaran armas, bombas, cuchillos, durante los días anteriores y posteriores al 1-O, o en el mismo 1 de octubre? Nadie duda de que hubiera desobediencia de parte de la Generalitat al Estado español, así como prevaricación y malversación de fondos, pero… ¿violencia contra el Estado? Deberíamos de recordar que el Gobierno de Rajoy siguió negociando con la Generalitat antes, durante y después del falso referéndum del 1-0. Así que se hace muy difícil de justificar un delito tan grave como el de rebelión. Por tanto, no debería de extrañarnos tanto que el independentismo haya tomado una posición tan dura como irresponsable respecto al Estado español en sus negociaciones. La cuestión radica en el tiempo que el sector independentista podrá mantener esta posición sin salir perjudicado. En los próximos meses lo sabremos.