Según el escrito del Ministerio Fiscal, los acusados pactaron con la Conselleria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración realizar, a través de dicha federación, un proyecto sobre intervención psicosocial con mujeres y transexuales trabajadoras del sexo.
Tal como sostiene la Fiscalía, el proyecto fue aprobado por 99.586 euros (66.300 imputables en 2009 y 33.100 en 2010). Debía justificarse con una memoria que nunca se llegó a presentar a pesar de que recibieron la subvención tanto el primer año como el segundo.
El fiscal también mantiene que los acusados "nunca utilizaron el dinero para desarrollar el fin social" y lo incorporaron a su patrimonio para personal" a costa de la Administración Pública, fingiendo y dando la apariencia ante la Conselleria de que se ayudaba a personas según el proyecto aprobado", mediante cursos, programas asistenciales y actividades diversas.
