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El 'co-working' y las 'food-trucks' estarán regulados

El pleno del Parlament ha aprobado este martes por unanimidad la Ley de Régimen Jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Baleares, una norma que regula, entre otras, actividades como el 'co-working', las 'food-trucks' o pruebas deportivas.

La consellera de Hacienda en Balears, Catalina Cladera, ha destacado "el consenso" que ha despertado en el hemiciclo ya que "más del 70 por ciento de las enmiendas se han pactado".

En su intervención parlamentaria, Cladera ha avanzado que el nuevo texto "agilizará las tramitaciones, dará facilidades a los ayuntamientos y reforzará el control de las ilegalidades" y ha insistido en que la norma "incluye buena parte" de las reclamas de colegios profesionales, grupos parlamentarios y colectivos públicos y privados.

En este sentido, la consellera de Hacienda ha destacado que la ley "mejora el texto actual" y ha hecho hincapié en que la norma establece un "control de inspecciones más ágil" y un "registro autonómico de actividades" que, en palabras de Cladera, "mejora su regulación".

Por otro lado, la ley introduce la posibilidad de que los ayuntamientos "suscriban convenios con colectivos profesionales" así como la "obligación de los titulares de las actividades de revisar periódicamente sus instalaciones". Asimismo, el nuevo texto regula "específicamente las actividades de recorrido por vías públicas", como puedan ser las pruebas deportivas, así como las "actividades itinerantes", como las ferias.

UNA NORMA CONSENSUADA

En sus intervenciones, los portavoces parlamentarios han destacado el consenso que la nueva norma ha despertado en el hemiciclo. En este sentido, el portavoz de MÉS per Menorca, Nel Martí, ha reconocido el "gran esfuerzo" del Govern por transaccionar las enmiendas presentadas. "Hemos conseguido que la ley sea una herramienta más útil para que los ayuntamientos lleven a cabo sus actividades", ha afirmado.

En la misma línea se ha expresado el diputado del PP, Santiago Tadeo, quien ha recordado que la nueva norma proviene "de un mandato anterior, el de 2013" y ha apuntado que el trámite parlamentario "ha enriquecido una ley que ya era un avance y que ahora queda mejorada". Asimismo, el diputado del PI, Josep Melià, ha destacado el "trabajo constructivo" y ha valorado "positivamente" el texto al considerar que es "una herramienta más útil la favor de los Ayuntamientos".

Por otro lado, el portavoz de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha elogiado la "voluntad de integración" de la nueva norma mientras que el diputado de Podemos, Carlos Saura, ha destacado que la norma "es una ley técnica y de consenso que recoge las demandas de los ayuntamientos". Asimismo, el diputado de MÉS per Mallorca, Antoni Reus, ha valorado el "esfuerzo por consensuar la ley".

En este sentido, el diputado del PSOE, Andreu Alcover, ha insistido en que la aprobación de la ley "es una buena noticia" y ha recalcado que "hay dos o tres grupos que se sienten parte de la ley", a la par que ha valorado positivamente "la participación para mejorar el texto".

LAS ECAC Y EL ÁMBITO COMPETENCIAL, LOS ASPECTOS MÁS DEBATIDOS

Aunque la ley ha contado con el apoyo mayoritario de la cámara, el punto que más debate ha levantado ha sido el de las entidades colaboradoras en materia de actividades (ECAC). En este sentido, Martí ha afirmado que desde su formación "están de acuerdo en que las ECAC lleven a cavo revisiones técnicas e informes de actividades", tal y como prevé la ley, mientras que desde el PP han recordado que han mantenido dos enmiendas vivas en relación a las ECAC.

En este sentido, Pericay ha destacado que su formación "no ve necesaria" la creación de las ECAC, a las que se ha referido como "instancias de control"."¿Qué razón hay para introducir este nuevo trámite, si no es para alargar el proceso inherente a toda actividad?", se ha preguntado.

Por su parte, Melià se ha referido a las enmiendas presentadas por el PI relativas a las definiciones de 'actividad no permanente' y de 'ficha resumen' que incluye el nuevo texto, así como al registro autonómico y al "planteamiento de la ley" que, a parecer del PI, "invade competencias municipales".

Además, la Melià ha insistido en dos enmiendas en relación a las sanciones de establecimientos turísticos que incluye la Ley de Actividades así como a las "actividades excluidas" de la nueva ley, "como los agroturismos", ha apostillado Melià. En este sentido, desde MÉS han mostrado su discrepancia ante la enmienda del PI por introducir "la carga de la prueba sobre el momento de apertura de la actividad".

Actualizado: 14 de marzo de 2022 , , , , ,

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