Esta Ley se aplicará a todas las personas menores de edad que se encuentren en el territorio balear, con independencia de cuál sea su situación administrativa. En concreto, se entiende por infancia el periodo de vida comprendido entre el nacimiento y la edad de 12 años, mientras que se entiende pro adolescencia el periodo comprendido entre los 13 y los 18 años.
La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, ha señalado que actualmente hay más de 1.500 familias con niños y adolescentes que sobreviven gracias a una renta social, así como 16.391 personas con menores a su cargo que fueron atendidas por los Servicios Sociales en 2017.
Por ello, ha explicado que esta Ley, que cuenta con más de 260 artículos, pretende "defender y desarrollar el derecho de la infancia y de los adolescentes" y "reducir su vulnerabilidad" dotando al Govern de "capacidad para afrontar estos nuevos retos".
Por su parte, Sandra Fernández, del PP, ha señalado que se trata de "una ley muy necesaria y muy esperada ya que la ley anterior es de 2006 y es evidente que se han producido muchos cambios desde esa fecha" por lo que, según ha apuntado, "era necesaria adaptarla a la realidad".
Asimismo, ha asegurado que esta Ley "se adapta a la realidad existente y a la normativa estatal" y "refuerza el papel de las familias en todo aquello que tiene que ver con el menor, primando el papel de las familias en el desarrollo de los menores a su cargo".
Maria Antònia Sureda, de El PI, ha agradecido las aportaciones de entidades y asociaciones dedicadas a la defensa y protección de la infancia y la adolescencia que, a su juicio, "han enriquecido esta norma" que "da respuesta a las necesidades de los menores".
"Hoy tenemos los resultados de nuestro trabajo, la protección de los niños y jóvenes es responsabilidad constitucional de los poderes públicos, una competencia exclusiva de nuestra comunidad autónoma que pasó a ser compartida con los Consells Insulares a partir de 1997", ha añadido.
Xelo Huertas, del Grupo Mixto, ha asegurado "no dudar de que la mayor parte del trabajo de los Servicios Sociales es el que toca y se hace de buena fe" pero, según ha explicado, esta ley busca garantías para "la minoría de casos donde esto no es así".
Olga Ballester, de Cs, ha lamentado que la ley no es "lo suficientemente garantista tanto para el menor como para la familia" y ha defendido que "cuando se trabaje con un menor también se tenga presente siempre a la familia y se trabaje en colaboración con las mismas".
Montse Seijas, del Grupo Mixto, ha señalado que "este tema tiene un sesgo ideológico y no tendría que ser así" y ha lamentado que aunque "la presente ley supone un avance, no es todo lo clara, ordenada y concreta que debiera en un terreno que genera tanto conflicto por las interpretaciones de la realidad en cuestión".
"Cualquier ciudadano que lee esta Ley debería comprender cómo son los procedimientos, pero bajo unas formas aparentemente cultas y un lenguaje técnico, la Ley será aplicada por funcionarios y técnicos de turno y para las familias afectadas la aplicación será confusa", ha añadido.
Marta Maicas, de Podemos, ha explicado que se trata de "una ley trabajada desde la Conselleria de Servicios Sociales en colaboración con la Oficina del Menor y las consellerias insulares de Bienestar Social". "No tenemos ninguna duda de que esta ley es la ley que necesitamos y le damos todo nuestro apoyo", ha matizado.
Agustina Vilaret, de MÉS per Mallorca, ha señalado que durante estos años han tenido lugar "cambios sociales muy importantes y cambios normativos superiores" por lo que esta ley "se tenía que adaptar a la realidad".
Así, ha explicado que esta normativa trata cuestiones como la distribución competencial en las distintas administraciones públicas o la actualización de los derechos de las personas menores, entre otros.
Nel Martí, de MÉS per Menorca, ha apuntado que "el protagonista de esta ley es el menor" y por ello "la ley se articula para garantizar sus derechos y la atención necesaria para el pleno desarrollo del menor como persona".
A continuación, ha explicado que la Ley autonómica de 2006 "se tenía que actualizar para adaptarse a la legislación básica estatal y para adaptarse a los compromisos internacionales y a los nuevos cambios sociales".
Finalmente, Concha Obrador, del PSIB, ha agradecido "la armonía y el consenso" en la realización de esta ley, aunque ha criticado las "incoherencias del PP", a quien le ha recordado que "cuando se gobierna es cuando se demuestra la coherencia que se ha manifestado a nivel teórico".
