La asociación -que ya presentó alegaciones formalmente el pasado septiembre- ha detallado en una carta a los medios sus propuestas para la redacción de la ley. Además, afirma que la Administración, por no haberlas incluido, ha creado "una norma adoctrinadora despreciando una vez más el verdadero protagonista de la educación de los menores que son sus padres".
En concreto, se pide que el artículo 30.5 de la citada ley incluya el consentimiento expreso de los padres para que sus hijos asistan a programas de educación afectivo-sexual, alegando el artículo 27 de la Constitución Española, por el que se reconoce la libertad de enseñanza (art. 27.1) y que afirma que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3).
Por otra parte, exigen que en el artículo 4 de la ley de la infancia --cuando se habla de que "la atención a las personas menores de edad se lleva a cabo mediante las acciones de promoción y defensa de sus derechos"-- se añada el texto: "y el apoyo a los padres y madres para el satisfactorio desarrollo de la educación de estos mismos".
Así, en el artículo 5, --cuando indica que los poderes públicos tienen que incorporar la perspectiva de género en todas las políticas que afecten a la infancia y la adolescencia--, exijan que se añada "y la perspectiva de familia"
En el artículo 22, --el del "derecho a ser oído y escuchado"-- que podría considerar maduro a una persona de 12 años, exigen que se suprima el texto "Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tiene doce años cumplidos".
IBFamilia pide que se cambie en el artículo 36 sobre el derecho a la educación y que se añada que la responsabilidad de ésta "compete a los padres". En el punto 4 del mismo artículo la ley cita "Los centros educativos tienen que asumir la responsabilidad de acoger y educar de manera inclusiva a todo el alumnado como una tarea básica y fundamental de sus proyectos educativos, y tienen que poner en marcha estrategias pedagógicas para atender las diferencias individuales en los contextos ordinarios" por lo que IBFamilia pide incluir la frase "de acuerdo con los padres y madres de los menores".
Finalmente, en el artículo 39 sobre "Obligaciones de las administraciones públicas en relación con la educación" quieren que cuando se hable de moralidad se incluya "siempre en concordancia con el mandato constitucional que ampara a los padres y madres".
