Los taxistas españoles, fundamentalmente en Madrid y Barcelona, se han desbocado. Contrarios a que Uber y Cabify les hagan la competencia, acostumbrados a los precios fijos y a dar el servicio que les parece, han decidido que van a impedir que España, como el resto del mundo, incorpore esta oferta, abriendo el mercado. A golpe de amenazas, sin siquiera tener que organizar un follón, en la mayoría de las autonomías, incluida Baleares, lograron bloquear la llegada de la competencia. En Cataluña, tras paralizar Barcelona, hicieron que la Generalitat rectifique: primero consiguieron que la anticipación para pedir un coche de Uber o Cabify fuera de quince minutos y después se amplió a una hora, lo que equivale a expulsar este servicio del mercado. Ahora pretenden lo mismo en Madrid, que aún se resiste.

Así que, en movilidad urbana, España se convertirá también en una isla: seremos el único país de nuestro entorno en el que sólo dispondremos de los taxis tradicionales, sin competencia alguna. Ese ridículo no es lo peor. ¿Quién se opondría a aislarnos del mundo si nuestro modelo fuera envidiable? No, lo peor es que esto ocurrirá porque los afectados, o sea los taxistas, se oponen y no porque a la sociedad y a sus dirigentes les parezca justo y deseable. Es como si los periodistas de prensa en papel hubieran conseguido prohibir Internet o como si El Corte Inglés hubiera obligado a que Amazon no pudiera vender en España.

España se convertirá también en una isla: seremos el único país de nuestro entorno en el que sólo dispondremos de los taxis tradicionales, sin competencia alguna. Ese ridículo no es lo peor

Observen que la protesta de los taxistas violenta el derecho de los ciudadanos a la movilidad; ignora los servicios mínimos que se han de ofrecer en caso de conflicto y, por supuesto, no cumple ninguna de las exigencias legales necesarias para convocar una huelga patronal. Es la ley de la selva. Todo lo que el país ha legislado para el caso de conflicto –hacer compatible el derecho de los taxistas a protestar con el derecho de sus clientes a desplazarse– se ignora precisamente cuando se ha de aplicar. Absurdamente, cuando vuelva la paz, la ley recuperará su vigencia, sabedores de que entonces no es necesaria.

¿Qué clase de país es aquel en el que quienes toman decisiones en una situación de conflicto son los afectados con más capacidad de presión? ¿Cómo es posible que no entendamos que el progreso exige que los afectados opinen, pero no tengan la última palabra en las actualizaciones del marco legal de sus respectivos sectores? ¿Qué país es ese en el que la ley no existe precisamente cuando es necesaria?

Sin salirnos del ámbito de la competencia, los pequeños y medianos comerciantes también se han blindado ante sus rivales. En Baleares, por ejemplo, la legislación, absolutamente contraria a lo que determina Madrid y la Unión Europea, impide la apertura de centros comerciales, protegiendo a los establecimientos ya instalados. Durante años, incluso pequeñas joyerías o supermercados que tenían éxito en la Península no podían abrir sucursales en Baleares porque una comisión que integraban los comerciantes ya instalados denegaba o retrasaba interminablemente los permisos. Como si la orden de ingreso en prisión la tuviera que firmar el condenado o como si el estudiante se pusiera las notas después del examen. Nuestros taxistas, en este sentido, simplemente responden a lo que el sistema político español nos enseña: que cada uno haga lo que le parezca, más allá de lo que diga la ley. La ley en España se ha convertido en objeto de burla generalizada, lo cual es el abono para que la vida colectiva se desintegre.

¿Es que nuestros políticos se han vuelto locos y van contra sus ciudadanos? No. Precisamente, nuestro gran problema es que prohibir Uber o limitar la competencia nos va. Los políticos no son extraterrestres que ignoran a su gente sino que son parte de la comunidad, piensan como ella, la entienden y, por lo tanto, hacen lo que en el fondo nos gustaría a todos. No es que pensemos que la competencia sea mala, sino que preferimos calmar a los taxistas que no defender los principios y la legalidad. Hoy por ellos, mañana por mí. Concebimos la sociedad no como un lugar abierto sino como una sucesión de cotos cerrados, eternos, bloqueados, que proporcionan comodidad y tranquilidad. Ocurrió durante años con los pilotos de Iberia, sucede aún hoy con los controladores, los médicos, los estibadores, los profesores de la enseñanza secundaria, los funcionarios y cualquier otro grupo social que tenga el poder suficiente como para cambiar paz por privilegios. Y todos tan contentos.