Según informó el Colegio de Auditores de Baleares en un comunicado, en el conjunto del país, cerca de 2.000 sociedades se verán obligadas a elaborar cada ejercicio este estado de información no financiera (EINF) y presentarlo en el Registro Mercantil junto con las cuentas anuales de la sociedad, según establece la Ley que modifica el Código de Comercio.
La normativa ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y afecta a empresas o grupos societarios con 500 trabajadores o que sean entidades de interés público con independencia de su tamaño.
En caso de que no sean de interés público, deben cumplir los siguientes requisitos: que el activo consolidado supere los 20 millones euros, que el importe neto de la cifra anual de negocios sobrepase los 40 millones euros y/o que el número medio de trabajadores sea superior a 250.
"Si estas entidades de Baleares, obligadas por esta ley a elaborar este informe, no presentan o verifican la información no financiera, podría suponer la no inscripción en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y el resto de información que las entidades están obligadas a depositar, con el consiguiente perjuicio para la entidad y sus administradores", ha señalado Garau.
La modificación del Código de Comercio tiene como objetivo medir, supervisar y gestionar el rendimiento y el impacto de las compañías en cuestiones sociales, medioambientales y relativas al personal, brecha salarial, respeto de los derechos humanos, asuntos relativos a la lucha contra la corrupción y el soborno.
Por tanto, las empresas de Baleares deberán incluir las políticas de personal; medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, condiciones de trabajo, respeto de los derechos de los trabajadores, salud y seguridad en el lugar de trabajo o política de diversidad en el Consejo de Administración, entre otros.
