Feneval ha asegurado que la norma va en contra de la legislación que reconoce la libre circulación por el territorio nacional y europeo, así como también en contra de la Constitución Española, que en su artículo 14 garantiza que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética prohibiría a partir de 2025 la circulación por las islas de vehículos diésel (coches y motos) que circulan legalmente en el resto de España y de la Unión Europea.
Asimismo, a partir de 2035, impedirá la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales) y sólo podrán hacerlo los ya radicados en la región, con independencia de su antigüedad.
Feneval ha informado de que, de aprobarse esta norma, ningún ciudadano europeo podrá acceder con su vehículo de combustión a territorios insulares a partir de estas fechas, así como los concesionarios tampoco podrán vender vehículos de nuevas tecnologías como sí se puede hacer en el resto de la Península.
Además, ha determinado que el proyecto afecta de forma aún "más severa" a la utilización de estos vehículos por las flotas de 'rent a car' y puede llegar a comprometer el normal funcionamiento de una actividad indispensable para un turismo "sostenible y de calidad".
Para el presidente de Feneval, Miguel Ángel Saavedra, hay que regular el nivel de emisiones como dato "objetivo y definitorio", pero las medidas se deben ir adaptando de forma "progresiva y controlada" para que no se impida a los ciudadanos la movilidad en sus diferentes modalidades, con diferenciaciones territoriales por autonomía o municipio.
La patronal de los concesionarios, Faconauto, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyime) y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) también han expresado su apoyo "unánime" a la denuncia presentada por Anfac, defendiendo que esta norma afecta "gravemente" al normal funcionamiento del mercado interior e incluso suponer un "claro" incumplimiento del derecho de la Unión Europea.
