Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa dicha diputada, juntamente con la diputada del PSIB, Conxa Obrador; la de Podemos, Marta Maicas y el de MÉS per Menorca, Josep Castells, y donde, asimismo, Vilaret ha concretado que instan al Gobierno central a "realizar todas las modificaciones pertinentes para que las personas empadronadas en cualquier municipio del Estado puedan recibir ayudas económicas de carácter social por parte de las administraciones públicas competentes".
En este sentido, Vilaret ha explicado que es un "problema grave" porque, por un lado, la diversa normativa especifica en materia de servicios sociales otorga a los Ayuntamientos, Consells y Servicios Autonómicos la competencia de atención valoración y soporte económico a las personas empadronadas con necesidades sociales pero, por otra, la normativa específica en materia de gestión tributaria de las administraciones obliga a las personas beneficiarias a identificarse con alguno de los documentos descritos.
Según ha continuado Vilaret, es ahí donde radica lo que tilda de "problema" porque las administraciones "deben cumplir la Ley Tributaria" pero, asimismo "las personas tienen la necesidad y el derecho" de ser ayudadas, y según ha añadido es una "cuestión de humanidad" que se llevará a la Mesa en febrero, previsiblemente.
La regidora de Bienestar y Derechos Sociales, Mercè Borràs, también ha asistido este martes en la presentación de la PNL y ha explicado que en Cort disponen de un "catálogo de prestaciones" con un presupuesto de 4 millones de euros.
En la línea de la PNL registrada, la regidora ha declarado que en Palma hay unas 60 familias que se encuentran en esta situación y "aunque pueden acceder a todos los servicios, están exentos de las ayudas económicas".
Borràs ha concluido que no quieren una ciudad con "ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda" y ha defendido que todos ellos deben tener "los mismos derechos.
