Además, reconoce que él mismo, en una resolución del 21 de diciembre, dejó sin efecto la resolución del 11 de diciembre por la que ordenada la requisa de los teléfonos móviles de los dos periodistas.
En un auto fechado hoy, el juez asegura que los periodistas "acordaron la entrega voluntaria de los dispositivos de almacenamiento de información sin manifestar protesta alguna".
Es más, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma asegura que en las diligencias practicadas en la pieza abierta por revelación de secretos "no se ha producido ningún decomiso", sino que lo que ocurrió fue una "intervención de efectos o instrumentos relacionados con el delito, efectos que se hallaban en poder de terceros (los periodistas) que no son investigados en la causa".
En este sentido, insiste en que, al no ser ni los periodistas afectados ni los medios para los que trabajan "perjudicados ni ofendidos por el delito que aquí se investiga, ni responsables civiles y no consta que ejerciten o pretendan ejercitar la acusación popular o particular, no pueden tener la consideración de parte en este procedimiento".
Contra este auto cabe tanto recurso de reforma ante el propio Juzgado como de apelación ante la Audiencia Provincial.
En el caso de Europa Press, el pasado día 11 de diciembre tres agentes de la Policía Nacional y una funcionaria judicial se presentaron en la sede de la Delegación de Baleares, en Palma de Mallorca, con una orden judicial y tras pedir a la delegada que abandonara su propio despacho, se quedaron con la periodista Blanca Pou, encargada de la información de tribunales, quien ha seguido durante meses el conocido como caso Cursach.
Los policías exigieron a la periodista toda la documentación relacionada con el caso que estuviera en su poder. Blanca Pou se negó a entregarla, apeló reiteradamente a su derecho profesional a no revelar las fuentes y pidió contactar con los servicios jurídicos de Europa Press. Los policías le negaron esta posibilidad y amparándose en el mandato judicial, se llevaron el teléfono personal de la periodista, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel.
Por tanto, Europa Press insiste en que su periodista Blanca Pou no entregó voluntariamente el material que se le exigía y que en todo momento expresó su rechazo a la medida, así como su deseo de recibir asistencia jurídica.
