Según un escrito de acusación de la fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, que está firmada por los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau, también se le reclama a Cursach un total de quince años de inhabilitación especial para toda actividad relativa a la hostelería, ocio o recreo, así como una sanción económica de unos 60.000 euros.
En concreto, la sanción económica correspondería al delito de cohecho activo continuado, que también implica cinco años de prisión y la inhabilitación especial para cargo o empleo público por tiempo de diez años.
Asimismo, por el delito continuado de coacciones se solicita una pena de 24 meses de prisión, mientras que por pertenencia a un grupo criminal se pide la pena de 18 meses de cárcel e inhabilitación especial por tiempo de 15 años.
Además, el escrito contempla otras penas para varios de los directivos y empleados de las discotecas de Cursach, que ya estuvo privado de libertad desde el 28 de febrero de 2017 hasta el 18 de abril de 2018, así como políticos, funcionarios del Ajuntament y de Balears a nivel autonómico, además de policías de Palma.
De este modo, el documento también recoge la pena solicitada por la fiscalía para Bartolomé Sbert Nicolau, quien fue director general del Grupo Cursach Ocio cuando tuvieron lugar los hechos denunciados.
En concreto, se le acusa de los mismos delitos y se solicita una pena de 18 meses de cárcel, 15 años de inhabilitación en actividades relacionadas, diez años para todo cargo o función pública y una multa de otros 60.000 euros, entre otros.
El escrito también menciona otros nombres como el de la exdirectora general de Turismo del Govern Pilar Carbonell, para la cual se pide la inhabilitación especial por tiempo de diez años para todo cargo o función pública por participar en un delito de prevaricación administrativa continuada.
A continuación, el documento recoge penas para otros implicados, como son Antonio Bergas Monserrat, Jaime Lladó Rubí, Arturo Segade Navas, Juan Miguel Mut Carcía, Bartolomé Capó Amengual, Gabriel Torres Pericás, Feliciano Franco Sánez de la Fuente, Gabriel Mayol Amengual, José Mayans Alcina, Miguel Estarellas Sastre, y Rafael Amengual Henry, entre otros.
La fiscalía Anticorrupción relata en el escrito cómo Cursach, de manera continuada y permanente y, al menos desde el año 2000 hasta el 2016, dio instrucciones y órdenes para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar y obsequiar a diversos funcionarios públicos que tenían competencias en temas y cuestiones que podía afectar a la marcha de los negocios del Grupo.
Así, se fraguó y persistió en el tiempo un acuerdo en el que algunos empleados públicos de la comunidad, de los Ajuntaments de Palma y de Calviá y de la Policía Local de Palma, por sí mismos o dando órdenes e instrucciones ilegales, beneficiaban los intereses de los locales y negocios del Grupo apartándose de sus obligaciones administrativas
El escrito también describe cómo el Grupo Cursach agasajó al menos hasta finales del año 2009, con prebendas de diversa índole (fiestas privadas en sus establecimientos y apartamentos privados donde se les ofrecía servicios sexuales, consumiciones y sustancias estupefacientes) a jefes, mandos intermedios y agentes de la Policía Local de Palma con competencias en el control de la normativa de los locales de ocio.
