De esta manera, la defensa de la agencia de noticias pide que se deje sin efecto la instrucción de Florit y acuerde "la inmediata devolución a sus propietarios" de los materiales decomisados y que se "elimine cualquier dato o copia que se haya extraído de los mismo".
En el recurso interpuesto, se explica además que el auto que se entregó por parte de la autoridad durante la intervención en la agencia informativa "solo contiene la parte dispositiva del mismo" y que carece de los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho ni el resto del contenido de dicho auto". Esto implica que se produzca una vulneración grave "del derecho de defensa", de la agencia de noticias y de la periodista, detallan.
Por esto, pide que se les debe notificar "el auto de manera íntegra tan pronto como sea posible", y que se reserva expresamente el derecho a recurrir "dicho auto íntegro una vez sea notificado".
En concreto, se expone que el auto del juez Florit vulnera "al menos cuatro derechos fundamentales", entre ellos, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, dentro del cual se incluye expresamente el derecho al secreto profesional periodístico. Además, se considera que vulnera el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho al secreto de las comunicaciones.
Por otra parte, el auto indica que "resultaría escandaloso que en un estado social y democrático de derecho como es constitucionalmente el Estado español se negara a mis representadas el derecho a personarse en unas actuaciones en las que se han producido tan flagrantes violaciones de derechos constitucionales".
Respecto a la intervención para su posterior volcado y estudio del teléfono móvil de la periodista, el recurso señala que "no solo supone un brutal ataque al derecho a la información", sino que "trasciende el caso concreto", pues supone "un peligrosísimo precedente que, de no ser rectificado con contundencia", puede suponer que, "en el futuro, el derecho a la información deje de ser lo que era y lo que la Constitución consagra".
El escrito también explica que no se cuestiona que se deban investigar por los juzgados competentes "cuantos posibles delitos de descubrimiento de secretos se puedan producir". "Lo que cuestionan mis representadas es que, en la investigación de dichos delitos, se deban vulnerar derechos constitucionales", indican.
Según se señala, "en el pasado reciente son múltiples los casos en los que se han producido filtraciones" que han aparecido en prensa de procedimientos penales, muchos de ellos declarados secretos, pero "en dichos casos -hasta el presente- la investigación se ha desarrollado sin violar derechos constitucionales".
"Si se instaura la práctica de que cada vez que se publique en un medio de comunicación una filtración, se intervengan los teléfonos, ordenadores y documentos de trabajo del periodista o medio de comunicación de turno, vayámonos despidiendo del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión consagrado en el artículo 20 de nuestra Carta Magna y acostumbrémonos a vivir en una sociedad menos libre, menos democrática y menos avanzada", aseveran.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha solicitado el auto del juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, mediante el que ordenó la incautación de teléfonos móviles a dos periodistas para determinar si acepta o no la querella interpuesta por sus respectivos medios de comunicación, Europa Press y Diario de Mallorca, contra esta orden por vulnerar el derecho a la información.
Cabe recordar que el martes de la semana pasada, Florit ordenó que se requisara el teléfono móvil personal de una periodista de Europa Press Baleares, así como dos equipos informáticos corporativos en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística.
Posteriormente, este medio presentó una querella por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores. Diario de Mallorca también presentó una querella en términos similares.
