Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre, a raíz de la denuncia de una persona en Girona (Catalunya) que relataba haber sido forzada a ejercer la prostitución en contra de su voluntad, recibiendo amenazas con daños futuros tanto a la misma como a su familia en Venezuela.
La detenida, se encargaba de la captación de la víctima en el país de origen de ésta, ayudando su pareja de origen marroquí a realizar los trámites del viaje a España, encargándose posteriormente del control y explotación de la víctima en Palma.
Cuando la víctima aceptó la oferta laboral con el único objetivo de cambiar su vida para tener un futuro mejor, un componente de la organización, residente en España, se encargó de toda la tramitación del viaje a través de un tercero, posteriormente y una vez en España le manifestaron que debía pagar una deuda que ascendía a la cantidad de unos 1.500 euros, si bien al viajar por numerosos países de Europa como Francia, Suiza y Alemania, los captores incrementaron dicha deuda a unos 3.000 euros, que a pesar de los servicios sexuales realizados lejos de reducir aumentaba.
En caso de negarse a saldar la deuda, su familia sufriría las consecuencias, en caso de no abonar la deuda contraída la ahora detenida publicaría en redes sociales así como informaría a todos los familiares y amigos que la víctima estaba ejerciendo la prostitución en Europa; hechos que posteriormente realizo con la ayuda de su pareja sentimental, propietario de un conocido locutorio de la calle General Ricardo Ortega
Por tal motivo, la víctima, sin medios de vida para subsistir y no conociendo a ninguna persona en España, se vio obligada a hacerse fotos desnuda para ser publicadas en anuncios donde se ofrece servicios sexuales a cambio de dinero y a prostituirse para poder saldar la deuda “contraída” con la organización.
Las condiciones sufridas por la víctima eran nefastas, siendo controlada en todo momento por parte de dos de los detenidos, no teniendo vida propia y siendo obligada a estar disponible para prostituirse las 24 horas del día.
Por su trabajo recibía una parte ínfima de los ingresos que generaba, siendo destinado el resto del dinero de sus servicios sexuales a satisfacer la deuda que la organización le atribuía, deuda que no menguaba a pesar del paso de los días. Durante este jueves serán puestos a disposición judicial.
Esta operación se enmarca dentro de la Segunda Fase del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013. Desde entonces la Policía Nacional mantiene activadas la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.
