Según han admitido ante la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears, los acusados se pusieron de acuerdo con personas que no se han podido identificar para introducir en Valencia el cargamento de cocaína, que había sido arrojado al mar entre los días 25 y 28 de febrero de 2016.
El cargamento estaba geolocalizado con dos dispositivos GPS que se podían monitorizar desde los teléfonos móviles de los acusados. De este modo, pretendían ubicar el cargamento y recogerlo.
Sin embargo, por causas desconocidas los GPS fallaron hasta que finalmente dejaron de emitir señal. El cargamento quedó a la deriva y terminó fraccionándose. Así, entre marzo y abril de 2016 fueron llegando paquetes de cocaína a distintos puntos de la costa de Balears como Es Migjorn (Formentera), Alcúdia (Mallorca) y Es Mercadal (Menorca).
Inicialmente, la Fiscalía pedía penas que sumadas suponen más de 80 años de cárcel y multas por más de 400.000 euros en total, por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
