"Creo que es un esfuerzo importante y que estamos llegando a mucha gente a la que antes no era posible llegar, es verdad que a medida que haces pasos vas detectando cuestiones concretas que no tenías en cuenta pero partimos del plan estatal del real decreto 106/2018 que es el que fija las condiciones", ha explicado en el pleno de este martes.
Pons ha hecho estas declaraciones en respuesta a la pregunta del diputado de Podemos Aitor Morrás sobre el alcance de las ayudas al alquiler de cara a cubrir las situaciones de mayor vulnerabilidad como las personas que se ven obligadas a compartir vivienda.
A continuación, la diputada 'popular' Sara Ramón ha preguntado a la consellera de Cultura, Participación y Deportes, Fanny Tur, sobre las políticas de emancipación juvenil llevadas a cabo por el Govern, a lo que esta ha respondido que "las actuaciones de juventud son transversales de todo el Ejecutivo balear".
Así, ha mencionado las ayudas ofrecidas para comprar una vivienda y para alquilar la misma y ha recordado que "para poder independizarse hay que tener antes una seguridad laboral, por lo que también se trabaja con la Conselleria de Educación en programas como el SOIB".
En cuanto al periodo subvencionable, este abarcará del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Asimismo, han podido pedir las ayudas las personas titulares de un contrato de alquiler destinado a residencia habitual y permanente que se encuentre en Palma, así como aquellos que tuviesen la intención de formalizar un contrato de estas características y presentasen una propuesta firme de contrato por escrito.
El importe de la subvención será del 40 por ciento del alquiler anual de la vivienda o del 40 por ciento de la renta mensual, aunque el importe máximo subvencionable será de 2.640 euros anuales o 220 euros mensuales.
En cuanto a los requisitos, es necesario que los demandantes de la ayuda lleven empadronados en Palma un tiempo mínimo de 6 meses. Además, deben estar empadronados en la casa objeto de la subvención, cuyo alquiler no puede sobrepasar los 900 euros mensuales, y no pueden tener otra vivienda de la cual sean propietarios.
Otro de los aspectos que se tienen en cuenta son los ingresos que acrediten las personas que viven en la vivienda, ya que la base es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en vigor y se rige por unas reglas concretas.
De este modo, si en la vivienda solo vive una persona, la cuantía máxima será de dos veces el IMPREM, y al ser el IPREM de 2017 de 7.455 euros anuales, los ingresos de esa persona no podrán se superiores a esta cantidad multiplicada por dos, es decir, no podrán sobrepasar los 15.000 euros.
