"Por primera vez toda la ocupación que se crea es indefinida y se destruye ocupación temporal, por lo que 2018 refleja un cambio de tendencia ya que mientras que la ocupación indefinida acelera su ritmo de crecimiento, en el resto del Estado este crecimiento es casi la mitad", ha apuntado en rueda de prensa.
De este modo, Negueruela ha asegurado que el cambio ha sido posible "gracias a las medidas impulsadas desde principio de legislatura", como son los distintos Planes de Lucha contra la Precariedad, la planificación anual de la Inspección de Trabajo y la implicación de los agentes económicos y sociales para "combatir la precariedad y competencia desleal".
Así, ha explicado que desde 2016 el número de contratos indefinidos (13.800) ha sido mayor al de contratos temporales (11.548) pero ha insistido en que "este es el primer año en que la ocupación indefinida sube mientras que se destruye la temporal".
En cuanto a la ocupación a tiempo parcial, el conseller ha afirmado que "2018 también marca un punto de inflexión al presentar por primera vez una reducción en términos absolutos". En concreto, la tasa de parcialidad se ha reducido en 3,5 puntos desde 2015 y ha llegado al 16% en agosto de 2018, cuando a inicios de legislatura se situaba en un 19,5%.
De este modo, se han registrado 15.217 contratos de ocupación a tiempo completo y, por primera vez, se han destruido 1.688 contratos a tiempo parcial, frente a los 129 que se crearon en 2017, 515 en 2016 y 461 en 2015.
Con respecto a los datos por islas, Mallorca ha registrado una tasa de parcialidad del 15,8%, frente al 14,5% de Menorca, 11,5% de Eivissa, y 5,5% de Formentera y en todas ellas se ha reducido el número de contratos temporales: 3,9% en Mallorca, 1,3% en Menorca, 2,3% en Eivissa y 19,7% en Formentera. Formentera y Eivissa se sitúan así como las islas con menor tasa de parcialidad y mayor creación de contratos indefinidos.
Por otro lado, Negueruela ha señalado que un total de 7.710 trabajadores han conseguido mejorar sus condiciones laborales en el verano de 2018, lo que representa un incremento del 25,3% más con respecto al año pasado, "ya sea gracias a la conversión de sus contratos temporales en indefinidos, a la ampliación de sus jornadas o a las nuevas altas".
"El plan de lucha y su efecto disuasorio y el Plan Director del Estado hacen que el mercado de trabajo de Balears se vaya regulando hacia una ocupación de calidad en las condiciones laborales", ha añadido el conseller.
La campaña del Plan de Lucha contra la Precariedad ha implicado el desplazamiento de 32 inspectores en las islas durante los meses de julio y agosto: 16 en Mallorca, seis en Menorca, ocho en Eivissa y dos en Formentera.
De forma paralela, durante los meses de agosto y septiembre, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha remitido cartas de 1.300 empresas de Baleares, que abarcan un total de 2.189 trabajadores.
Así, si se comparan los efectos directos de las inspecciones del Plan de Lucha y el Plan Director del Estado 2018 con los resultados de 2017, se observa un incremento del número de transformaciones de contratos temporales en indefinidos y de ampliaciones de jornada de 777, lo que supone un aumento del 17,8%.
También, ha explicado que fruto de las 1.362 visitas realizadas en el marco del Plan de Lucha contra la Precariedad en el Trabajo, este verano se han revisado un total de 7.250 contratos temporales en todas las islas, de los cuales más de la mitad (3.704) estaban en fraude de ley y se han transformado en indefinidos.
De forma análoga a las transformaciones, el Plan de Lucha ha permitido la revisión de 3.092 contratos a tiempo parcial, 281 contratos más que en 2017, lo que "ha permitido la ampliación de 395 jornadas laborales, lo que supone un 12,7% sobre el total de los investigados.
Finalmente, como resultado de la actividad inspectora de los meses de julio y agosto, se han iniciado 130 expedientes, con una propuesta de sanción de 436.500, un 61% más que el año anterior, afectando a 246 personas trabajadoras.
De este modo, 309.765 euros corresponden a sanciones de economía irregular; 57.508 euros a obstrucción a la labor inspectora; 30.993 euros a deudas con la Seguridad Social; 27.159 euros a materias laborales; y 11.075 euros a prevención de riesgos laborales.
