Por estos hechos la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para cada uno de los acusados y les exige que devuelvan al Govern el importe de la ayuda como indemnización.
Los hechos ocurrieron en 2009. En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los dos acusados presentaron a la Conselleria de Asuntos Sociales un proyecto de intervención psicosocial con mujeres y transexuales trabajadores del sexo. Este proyecto debía ser desarrollado por la asociación a la que pertenecían y de la que eran responsables sociales.
La subvención fue concedida por un importe de 99.586 euros divididos en dos anualidades, pero los beneficiarios debían presentar una memoria justificativa y una memoria económica que nunca llegaron a entregar.
La Fiscalía mantiene que los acusados nunca aplicaron las cantidades recibidas al fin social para el que fueron aprobadas y que lo incorporaron a su patrimonio personal, enriqueciéndose a costa de la administración pública.
Según el escrito del fiscal, lo hicieron "fingiendo y dando la apariencia ante la Conselleria de que atendían y ayudaban a personas según lo previsto en el proyecto aprobado, mediante la impartición de cursos, programas asistenciales y actividades diversas".
