En los años 80 del siglo XX, aunque presumíamos como nunca de nuestra modélica Transición, estábamos construyendo una democracia recién estrenada que nos había tocado en la lotería de la vida, pues no habíamos sido capaces de derrotar al dictador y mayor y más cruel asesino de la historia de España antes de que falleciera. Por aquel entonces, tres representantes de los sindicatos y otros tantos de las patronales se reunían una vez cada mes en unas Comisiones Ejecutivas con los máximos responsables de la Seguridad Social. Había tres por cada provincia, más las comisiones de ámbito estatal. Se trataba de una actividad por la que se pagaban “dietas” a las organizaciones representativas de trabajadores y empresarios y, dado que comenzaron a proliferar las ausencias de vocales a las reuniones, desde Baleares se envió a Madrid una propuesta para que se descontaran las dietas correspondientes a las faltas no justificadas, un acuerdo que aún figurará en el acta correspondiente. Aquella iniciativa, una de las pocas que circularon de abajo hacia arriba, fue rechazada. Me consta que algunos vocales de Madrid reprocharon a los dirigentes máximos de CC.OO., el sindicato que había planteado la propuesta, el no tener “controlados” a sus vocales de las Islas.
No sé si hoy siguen funcionando aquellos órganos de participación, ni cómo, pero sí estoy seguro de que, si en aquel momento lo hubiéramos denunciado a la prensa, aunque solo fuera para que las cosas se llamaran por su nombre, "financiación institucional" y no "dietas", por ejemplo, habríamos aportado nuestro granito de arena contra una corrupción naciente que ha terminado pudriendo todo el sistema.
El tiempo atrás que contemplamos nos permite comprender que el autoritarismo de máxima violencia sufrido en este país durante generaciones, y los sucesivos fracasos de la mayoría pacífica contra sus propios criminales organizados, nos han convertido en un pueblo que intuye el peligro en cuanto asoma y lo convierte en un miedo cerval que, o bien le impide rebelarse para romper sus cadenas, o incluso lo envilece hasta el punto de formar tumulto cobarde, protegido por las fuerzas represivas y armadas para gritar “¡¡A por ellos!!” contra las minorías que se rebelan, sean humoristas, cantantes o catalanes.
Cuarenta años después es imprescindible desatar todo esto de una sola vez, y la única manera es cambiar la legalidad establecida, comenzando por debatir y aprobar una Constitución diferente. Un pueblo al que sus élites le impiden llevarse a la boca el sabor de un triunfo de la gran mayoría, aunque sea tan pobre como el de acabar cuarenta años después con una monarquía manchada por un origen autoritario que siempre encuentra la ocasión para dejarse ver, y por la corrupción que no cesa, no alcanzará jamás la sensación de comunidad.
Por eso, al no cambiar hacia mejor todos al mismo tiempo, es natural que los que están hartos y tienen la personalidad y valentía suficientes quieran hacerlo por su cuenta, aunque sea rompiendo amarras.
