En concreto, los baleares hubieran dejado de pagar una media de 2.374,6 euros, teniendo en cuenta el tipo general de este impuesto en la Comunidad Autónoma y el importe medio de una hipoteca para vivienda, utilizando los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
Por ello, a pesar de que Baleares no tiene el tipo más alto -es del 1,2 por ciento en las Islas, mientras que otras autonomías llegan al 1,5 por ciento-, el ahorro hubiera sido superior para los ciudadanos del archipiélago.
Por detrás de los residentes en Baleares, los siguientes que más hubieran ahorrado serían los catalanes (2.006,9 euros de media) y los andaluces (1.617,6 euros de media). En el extremo contrario se sitúan Ceuta (537,5 euros), Navarra (548,6 euros) y Melilla (697,8 euros).
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo falló este martes que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados.
De este modo, corrige a la sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.
La redactora jefa de Kelisto, Estefanía González, ha recalcado que la decisión podría haber afectado incluso a quienes ya tuvieran un préstamo hipotecario, ya que una de las opciones que se planteaba era la de que el cambio de criterio pudiera tener efecto retroactivo.
Con todo, González cree que a pesar de que el fallo del Supremo "es muy difícil de digerir", la decisión "podría llegar a tener algo de positivo". En concreto, ha argumentado que el anuncio del Supremo que daba la razón al cliente conllevó "que varias entidades insinuaran que este cambio de criterio provocaría que subieran el interés que cobran por sus hipotecas".
"Con este movimiento, hubiera sido peor el remedio que la enfermedad: es decir, por pequeña que fuera la subida en los diferenciales, el gasto extra que esto supondría para el consumidor hubiera neutralizado e, incluso, habría aumentado el coste que el consumidor hubiera terminando pagando por su hipoteca", ha apuntado.
Partiendo de las ofertas que actualmente comercializan las entidades y tomando como referencia una hipoteca media en España, el gasto en intereses que asume el consumidor se sitúa en 14.756,51 euros.
Si los diferenciales de esas ofertas hubieran aumentado en 0,10 puntos porcentuales, los intereses totales subirían hasta los 16.346,75 euros, es decir, 1.590,24 euros más de lo que se paga ahora. Esto supone un coste de 134,96 euros más que si se abonara el impuesto de actos jurídicos documentados.
