De este modo, el alto tribunal considera que sean los clientes de las entidades bancarias los que deban hacer frente al pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados.
Tras dos jornadas de deliberaciones, el Supremo ha decidido por 15 votos a 13 eximir a los bancos de pagar este impuesto.
Con todo, Balears, cuando aún se desconocía el fallo del alto tribunal, ha echado cuentas, estableciendo que en caso de que los bancos hubieran tenido que hacerse cargo de este pago, sería la Agencia Tributaria de Balears quien debería devolver lo cobrado con efecto retroactivo.
Hoy mismo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha establecido en un máximo de 5.000 millones de euros las devoluciones que los contribuyentes podrán solicitar si el Tribunal Supremo (TS) dictaminaba a su favor el impuesto de las hipotecas, lo que podría poner en riesgo el fin del procedimiento de déficit excesivo. La cantidad en Baleares asciende a 157 millones de euros.
En Balears se calcula que los afectados oscilarían en torno a los 50.000, una cantidad nada desdeñable.
