Eva y Ramón hace un año y medio que luchan para evitar ser desahuciados. Y es que, dicen, no pueden hacer frente a los cerca de 400 euros que pagan de alquiler por el piso donde viven con sus tres hijos y un nieto.

La entidad bancaria Cajamar se niega a renegociar su contrato de alquiler social y este lunes además pretendía llevar a cabo el desalojo de esta familia. Por el momento están de enhorabuena porque es la segunda vez que consiguen paralizar la ejecución.

La primera vez, con la ayuda de Stop Desahucios se reunieron con Cajamar y gracias a la presión social consiguieron que se pospusiera el desahucio. Esta vez la causa ha sido otra: la saturación de los juzgados.

Desde Stop Desahucios explican que en un alquiler social, el banco tiene la obligatoriedad de establecer un contrato de alquiler cuyo coste sea como máximo el 30% de los beneficios y si cambian las condiciones, cambiar este contrato.