Según el escrito del fiscal, en febrero de 2013, la empresa contaba en una de sus dos fincas con ocho trabajadores, de los cuales siete no habían sido dados de alta con carácter previo al inicio de la prestación de servicios.
Asimismo, uno de estos los trabajadores era beneficiario del subsidio de desempleo, sin que las encausadas procedieran a tramitar su alta en la Seguridad Social.
En la otra finca, a fecha de marzo de 2013, se encontraban trabajando seis trabajadores de forma irregular, de los cuales tres no habían sido dados de alta en la Seguridad Social y los otros tres carecían de la correspondiente autorización de residencia y trabajo.
Por todo ello, la Fiscalía pide 2 años de cárcel para las encausadas y una multa de diez meses a cuota diaria de 20 euros, correspondiente a un delito de ocupación colectiva ilegal.
