Las enmiendas presentadas por la europarlamentaria balear piden a la Comisión “considerar la insularidad de sus territorios, así como los problemas que pueden conllevar” y, menciona, que “el cambio climático afectará en especial a los territorios insulares, principalmente por la crecida de los niveles del mar y los océanos” y, en el caso del mar Mediterráneo, la acidificación por la captación del carbón presente en la atmósfera.
La segunda enmienda presentada también pone de manifiesto que “durante el verano de 2018 se han dado en el mediterráneo fenómenos atmosféricos extremos con rasgos de fuertes tormentas tropicales que han causado daños de gran gravedad, llegando a suponer, incluso, la pérdida de vidas humanas, por lo que, estos hechos, más allá de su susceptibilidad a recabar fondos extraordinarios por catástrofe, deben tener una aproximación holística en el marco de la estrategia de la Unión Europea de Adaptación al Cambio Climático.”
El Programa LIFE, gestionado por la Comisión Europea, la Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección General de Acción por el Clima, es uno de los principales instrumentos de la Comisión Europea y el único en materia financiera dedicado de forma exclusiva al medio ambiente, el cambio climático y la conservación de la naturaleza. Creado en 1992, el objetivo general del programa es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y normativa comunitarias en materia ambiental.
Este programa desempeña un papel único y esencial entre los proyectos de adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la investigación en lo relativo a actividades que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Dentro del marco de las acciones diseñadas para ayudar a los proyectos a cumplir sus objetivos de adaptación al cambio climático para 2030 se encuentra el desarrollo de indicadores de supervisión climática y sistemas de alerta temprana de riadas.
Rosa Estarás cree que este marco jurídico en materia medioambiental y climática debe salvaguardar la calidad de vida de los ciudadanos insulares para mitigar desastres como el recientemente ocurrido en Sant Llorenç des Cardassar, que se ha saldado con un balance de 13 muertos y en el que alrededor de 300 familias se han visto obligadas a solicitar ayudas de emergencias.
