El Ajuntament de Maó avala que los castellanoparlantes "no son discriminados" en la administración.

Así se ha determinado en el último pleno del mes de septiembre, pero el reglamento de usos lingüísticos, aprobado en febrero, no lo corrobora. En este, se determina que cualquier ciudadano que presente un registro de entrada, será contestado en catalán, así como que los cargos públicos tendrán que intervenir en la lengua autóctona.

Andrés Spitzer, regidor en el consistorio por Ciudadanos, reivindica poder hablar en castellano durante la intervención en el pleno municipal. "Soy consciente de que, al hacerlo, estoy incumpliendo una norma que ustedes impusieron", ha criticado y advertido que "prepárenme la sanción".

Gabriel Pons, regidor de Igualdad, ha defendido que el reglamento es "correcto" y vela por la "igualdad".