Según ha informado en rueda de prensa, la portavoz del Govern, Pilar costa, así la previsión es que esta delegación sea efectiva a partir del 1 de enero de 2019.
De esta manera, se ha aprobado la iniciativa que se presentará ante la Comisión Técnica Interinsular, órgano estatutario que será el encargado de formalizar una propuesta al Parlament, el cual la tramitará como proposición de ley. En virtud de esta ley, el Govern delegará las facultades de ejecución que, como administración gestora -ya que el Museu de Mallorca es titularidad del Estado-, hasta ahora lleva a cabo la Comunidad en relación con el museo y sus secciones, es decir, la Sección Etnológica de Muro, el Museo Monográfico de Pollentia y los almacenes de Son Tous, donde se ubica su depósito.
Costa ha precisado que la iniciativa nace de la petición hecha el año pasado por el vicepresidente del Consell, Francesc Miralles, a la consellera de Cultura, Participación y Deportes del Govern, Fanny Tur, y cuenta con "el visto bueno" del Ministerio de Cultura.
El coste efectivo neto de la delegación se ha calculado en 445.133 euros anuales, una cantidad que no incluye costes directos de personal, ya que este seguirá siendo responsabilidad de la Comunidad.
Por esto, el texto incluye el compromiso de la Comunidad de mantener el mismo número de puestos de trabajo actual, con el fin de garantizar la cobertura de la prestación del servicio con las mismas condiciones.
Asimismo, la Comunidad se reserva algunas potestades como las autorizaciones sobre la salida o el movimiento de fondos museísticos o sobre las intervenciones de conservación y restauración de los fondos que sean de su titularidad, entre otras.
Respecto a los fondos museísticos, tanto el Estado como la Comunidad mantendrán las titularidades que les corresponden en la actualidad.
El Consell se encargará de los gastos de mantenimiento y conservación de los edificios de titularidad del Estado, mientras que las inversiones que supongan una intervención más allá de la conservación y el mantenimiento tendrán que ser programadas por el Estado y la Comunidad, siempre previa consulta a la institución insular y contando con su participación.
