Según ha informado el partido en un comunicado, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, ha apelado a "la prudencia" manifestada en su momento por el presidente Biel Company, y a la que se refirió el jueves en Menorca el presidente nacional de la formación, Pablo Casado, a objeto de "constatar el estado de las cuentas del Govern antes de adoptar cualquier decisión en 2019".
La formación ha sostenido que, gobernando con 1.350 millones de euros más que en 2012, es el momento de "devolver a los ciudadanos los muchos esfuerzos realizados durante años bajando impuestos".
En este sentido, el PP ha reafirmado su postura contraria a crear nuevos impuestos o a incrementarlos, algo que, según han comentado, "ha hecho el Pacte desde mayo de 2015.
Además, Prohens ha señalado que el PP "no solo se opone a la ecotasa sino, también, a otros impuestos como los de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones" y ha destacado que el Govern de Armengol "no está destinando los ingresos de la ecotasa a fines medioambientales".
De hecho, ha acusado a la líder del Ejecutivo balear de "ningunear al Ayuntamiento de Palma a la hora de atender la petición del PP de renovar las infraestructuras de depuración de aguas que este mes de agosto han provocado el reiterado cierre de playas como consecuencia de vertidos de aguas residuales".
Por último, y en relación a la negociación del Régimen Especial de Baleares (REB) entre los gobiernos de Armengol y Pedro Sánchez, el PP balear ha declarado "tener la impresión de que el actual presidente del Gobierno central está dando largas a la señora Armengol, entreteniendo al Pacte sin que se produzca ningún avance".
En esta línea, la formación ha acusado a Armengol de "dinamitar un REB que estaba prácticamente hecho durante las negociaciones con el gobierno Rajoy por puro oportunismo, con lo que tiene serias dudas de que entre en vigor el 1 de enero de 2019".
Por último, el PP ha reclamado, tanto a Armengol como a la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, que "exijan a Pedro Sánchez, con idéntico tono al utilizado con el presidente Rajoy, un nuevo REB que entre en vigor el 1 de enero".