Así lo han informado en una rueda de prensa en la que el alcalde de Palma, Antoni Noguera, el portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, y la diputada del partido y autora de la iniciativa, Joana Aina Campomar, han detallado las medidas de la nueva proposición no de ley (PNL) sobre la mejora de las garantías de acceso a la vivienda.
Ferrà ha explicado que una de las prioridades del Ayuntamiento es "regular en materia de vivienda para provocar un cambio y revertir la situación, aunque cueste mucho combatirla", y por esta razón han presentado la iniciativa con "medidas valientes", aunque estas tienen que ir acompañadas por "medidas efectivas desde Madrid".
El portavoz también ha hecho mención a algunas de "las medidas valientes" que ya están trabajando en la ciudad, como la Oficina antidesahucios, las ayudas económicas urgentes, la cesión de solares al Ibavi, la compra de viviendas y la prohibición alquiler turístico. Pero ahora, ha señalado Ferrà, "es el Estado quien debe tomar las medidas pertinentes".
Por su parte, Noguera ha dicho que la vivienda es uno de los "principales problemas" y "preocupaciones", dado que "los precios en Palma han subido un 40 por ciento", razón por la que MÉS ha presentado una iniciativa que propone eliminar el desahucio exprés, ampliar la duración ordinaria de los contratos de tres a cinco años y referenciar la actualización de rentas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El consistorio también ha propuesto dotar de instrumentos legales a los municipios que "sufren incrementos desmesurados de los precios del alquiler" para impedir las rentas abusivas, así como fomentar los contratos de larga duración ofreciendo "seguridad contractual a ambas partes", medidas que Noguera ha considerado "muy importantes", pues en según qué barrios el alquiler tiene precios "abusivos y fuera de mercado".
En relación a estas medidas, el alcalde ha propuesto la creación de "índices de referencia" para "poner un techo a los precios abusivos del alquiler, tal y como lo están haciendo las grandes ciudades de Europa". Ha aclarado que para conseguir esto, "el Congreso debe modificar la Ley de arrendamientos urbanos".
Noguera ha explicado que el índice lo podrían realizar los ayuntamientos o, en su defecto, el Govern, que es quien tiene las competencias. Además, ha recordado que Barcelona ya ha creado este índice de referencia, "que sería de mucha utilidad para casos como el de Palma, con barrios como Santa Catalina o el centro donde el precio del alquiler es imposible".
Por su parte, Campomar ha explicado que el índice de referencia sería de mucha utilidad para los tribunales de vivienda o las personas "que tengan que juzgar si es o no es abusivo un alquiler".
La iniciativa también plantea aprobar "en un breve plazo de tiempo" un nuevo marco legislativo en el que el derecho a la vivienda tenga un "carácter subjetivo", de forma que los ciudadanos que queden excluidos por razones socioeconómicas de este derecho, lo tengan garantizado por la administración competente, de acuerdo con lo que establece la ley de vivienda de Baleares.
Además, el proyecto pretende revisar la fiscalidad sobre la vivienda, especialmente sobre las sociedades patrimoniales, para "fomentar la vivienda asequible" y dotar a la administración de "más recursos para desarrollas las políticas de vivienda necesarias".
Finalmente, la proposición plantea estudiar la posible adaptación de las demandas recogidas en la proposición de Ley de vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en enero de 2018 que aún no hayan sido atendidas.
Por su parte, Campomar ha destacado la intención del partido de "solidarizarse con las demás comunidades autónomas" que en este momento "tienen pendiente recursos de tribunales constitucionales sobre leyes referentes a vivienda y otras materias". La diputada ha recordado que hay nueve autonomías con 12 recursos en los tribunales, y ha instado al Gobierno a "retirar estos recursos para que en estas comunidades autónomas puedan legislar" como han hecho en Baleares.
