Pese a los miles de metros cuadrados edificados que gestionan tanto el Govern balear, como el Consell de Mallorca y también el Ajuntament de Palma en la capital balear, el director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, no ha logrado que los responsables de ninguna de estas instituciones le hayan cedido ningún local.
La Oficina Anticorrupción depende orgánicamente del Parlament de les Illes Balears pero podría instalarse en cualquier edificio de cualquier institución administrativa simplemente con la firma de un convenio. Pero nadie ha querido hacerlo.
Far ha estado indagando las posibilidades inmobiliarias de diversos edificios públicos del centro de Palma y de los polígonos de los alrededores de Ciutat, todos ellos dependientes de Govern, Consell y Cort. Pero, a la hora de la verdad, todo han sido radicales negativas.
El director de la Oficina Anticorrupción lleva más de medio año, desde que asumió el cargo, trabajando en solitario en unas minúsculas dependencias de un altillo del edificio del Parlament balear.
Antes de incorporar al personal que formará el equipo administrativo de su Oficina, proceso que arrastra meses de retraso, Far ha estado buscando sede, hasta ahora sin ningún resultado positivo. Tanto el Govern balear, como el Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma, pese a tener disponibilidad de locales, se han negado a cedérselos aduciendo que eran instalaciones que serían ocupadas en algún momento por alguno de sus servicios.
Ante este hecho, Far ha estado sondeando las posibilidades de edificios privados de oficinas y, dada la realidad inmobiliaria de Ciutat, ha comprobado que solamente en algunos polígonos industriales de las afueras de Palma se puede acceder a locales del tipo y tamaño por él requeridos.
De hecho, la semana pasada, Far sorprendió a un gestor inmobiliario al visitar unas instalaciones en un polígono y informarle de la institución a la que representaba y al objetivo al que quería destinar las oficinas.
Far está sopesando las diversas posibilidades, que posteriormente deberá someter a la votación de los grupos parlamentarios ya que el régimen legal actual de la Oficina Anticorrupción le impiden tomar determinadas decisiones sobre el funcionamiento de la misma de forma independiente al Parlament.
De confirmarse las actuales gestiones, la Oficina Anticorrupción acabará alquilando, pagando y ocupando unas oficinas privadas en un polígono palmesano.
