De los seis casos, dos han sido incoados de oficio y cuatro a instancia de particulares. El director, pese a la insistencia de los entrevistadores, no ha querido dar más detalles sobre este particular ya que las investigaciones están sometidas legalmente al más estricto secreto.
Far ha afirmado, no obstante, que en los dos casos de oficio ha sido él mismo el que ha considerado que determinadas actuaciones que ha conocido a través de los medios de comunicación eran constitutivas de ser consideradas prácticas corruptas y ha abierto el correspondiente expediente de investigación y exigido a las instituciones afectadas toda la información existente sobre los hechos.
Una vez concluidas las indagaciones preliminares, Far decidirá si hay que seguir investigando, cerrar el caso o trasladar sus sospechas a otras instituciones, como por ejemplo la Fiscalía Anticorrupción.
Far en estos momentos, un año y medio después de aprobada la ley que creó la Oficina Anticorrupción y seis meses después de su propio nombramiento, sigue trabajando en una situación absolutamente precaria. Se da el caso de que no tiene ni siquiera oficina propia y su puesto de trabajo está ubicado en un pequeño altillo del edificio del Parlament balear que, anteriormente, era la sala de descanso de los bedeles de la cámara. Además, no cuenta con el apoyo de ninguna otra persona y trabaja absolutamente solo.
La ley que creo la Oficina Anticorrupción, según se ha descubierto en el momento de ponerla definitivamente en marcha, fue creada con un gran error técnico legislativo: no se le atribuye personalidad jurídica propia. Por ello, y al depender orgánicamente del Parlament, todos los trámites, desde comprar una caja de clips a aprobar su reglamento o contratar al personal técnico, depende de la cámara balear y de su obsoleto sistema de funcionamiento.
En este mismo espacio, pueden ver y escuchar el vídeo con la entrevista completa realizada a Jaume Far, director de la Oficina Anticorrupción, en el programa 4 Directe de Canal4 Ràdio.
