Así lo han indicado fuentes del caso tras la celebración de una vista a puerta cerrada este viernes en la Audiencia Provincial para preparar el calendario de este macrojuicio.
En concreto, se han fijado sesiones del 8 al 11 de octubre y del 3 al 5, del 10 al 13 y del 17 al 21 de diciembre, a partir de las 09.45 horas. En principio, el juicio se celebraría en la Audiencia Provincial, sin trasladarlo a un recinto de mayor tamaño ante el elevado número de acusados.
Con todo, sigue en el aire la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo de conformidad con el que se evitaría la celebración del juicio.
Un requisito imprescindible para alcanzar este acuerdo sería el pago previo de la responsabilidad civil y la Fiscalía sostiene que no tiene constancia de que se haya realizado completamente. Sin embargo, desde el sindicato de controladores aéreos (USCA) han asegurado a Europa Press que todas las indemnizaciones se han pagado directamente a las acusaciones particulares y que en todo caso hay una cantidad en concreto que se ha consignado en el Juzgado de Madrid y que depende del despacho de abogados de los perjudicados recogerla.
Otras fuentes jurídicas han matizado que el pago de las indemnizaciones a las acusaciones particulares se ha realizado y que sólo faltarían perjudicados que están representados por la acusación pública.
Estas mismas fuentes creen que no se llegará a un pacto global y que el juicio deberá celebrarse, pero únicamente para unos seis controladores que no suscriban el acuerdo. Esto evitaría que el tráfico aéreo de Baleares se viera afectado por la ausencia de decenas de controladores al tener que atender a las sesiones del juicio.
La Fiscalía exige en Baleares que el acuerdo sea unánime y que todos los acusados lo suscriban, pero desde el sindicato rechazan esta posición porque, aunque desean que se llegue a un acuerdo con todos, entienden que individualmente los acusados tienen derecho a no declararse culpables si así lo consideran.
Además, USCA opina que la Fiscalía debería mantener la unidad de criterio con el caso de los controladores de Madrid y aceptar el acuerdo por el que los controladores admitirían un delito de abandono de funciones, y no uno de sedición, como plantea alternativamente en Mallorca.
Desde USCA han defendido que el delito de sedición "no cabe" y recuerdan que así lo consideró el juez en Madrid, por lo que se han preguntado por qué la Fiscalía lo mantiene en Mallorca.
La cuestión no es baladí puesto que el delito de abandono se castigaría solamente con multa mientras que si son condenados por sedición podrían ir a la cárcel. El sindicato también planteaba apreciar las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de resarcimiento del daño, lo que podría rebajar la cuantía de la multa.
La Fiscalía acusa a 81 controladores de Baleares por el caos aéreo del puente de la Constitución en 2010. En febrero, el sindicato de controladores aéreos alcanzó un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid por el que se comprometía a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización a los pasajeros afectados por el caos aéreo de diciembre de 2010. Sin embargo, la medida quedaba condicionada a la consecución de un acuerdo en Palma.
El caos aéreo de diciembre de 2010 afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España. Se abrieron más de veinte causas en juzgados de toda España, entre los que figuran además de Madrid y Palma, las causas ya archivadas en Valencia, Burgos, Álava, Cantabria, Asturias, Alicante, Andalucía, Vigo, Reus, Sevilla y las resoluciones judiciales dictadas por los Juzgados de Instrucción de Granadilla de Abona (Canarias), Sevilla, San Cristóbal de la Laguna, El Prat de Llobregat (Barcelona), Málaga, Reus, Sabadell, Bilbao, Santiago de Compostela y Santa Colomba de Farners (Girona).
