Así lo ha explicado el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, quien ha asegurado que se fijan objetivos "ambiciosos" con medidas "valientes", como que los productos de plásticos de un solo uso sean compostables, para que en 2020 se hayan reducido un 10 por ciento los residuos generados con respecto a 2010.
Sin entrar en más detalle, Vidal ha explicado que la normativa también contempla un régimen sancionador, con multas que van desde los 300 euros a los dos millones de euro, en el caso de las infracciones más graves.
Para lograr la reducción de residuos, el conseller ha asegurado que será necesario sustituir con alternativas más sostenibles muchos de los productos de plástico desechables, como las vajillas de plástico, las pajitas para bebidas, los bastoncillos de las orejas y los bastoncillos para caramelos.
A estos productos se han añadido las bandejas destinadas a empaquetar productos alimenticios, que tendrán que ser compostables a partir de 2020, o las anillas de plástico que sujetan paquetes de latas o botellas de bebidas, que tendrán que ser de material biodegradable a partir del mismo año.
Respecto a las bolsas de plástico desechables a partir de 2020 solo se permitirá la distribución de bolsas de plástico compostables muy ligeras, siempre que se destinen únicamente a productos alimenticios. A partir del mismo año se tendrá que evitar la venta de productos que contengan microplásticos o nanoplásticos y las versiones no reutilizables de mecheros, maquinillas de afeitar, cartuchos y tóneres de impresora y fotocopiadora.
Asimismo, la normativa contempla que en 2020 las cápsulas desechables de café, infusiones, caldos y otras utilizadas en cafeteras se tendrán que fabricar con materiales compostables o fácilmente reciclables.
Igualmente, los fabricantes o distribuidores de toallitas húmedas que se ofrezcan en Baleares tendrán que incorporar información sobre los efectos de estos productos en el medio ambiente. Asimismo, las ordenanzas municipales tendrán que incorporar medidas de prevención y minimización del abandono de residuos en las playas, como las colillas de tabaco o los envases.
Para cumplir los objetivos, la Ley prevé también una racionalización en el uso de los envases, por lo que se tendrán que implicar tanto las instituciones públicas como los establecimientos privados.
Así, se promoverá la instalación de fuentes de agua potable o el suministro en envases reutilizables y se prohibirá la distribución de bebidas en envases desechables en las instituciones públicas. En los eventos públicos que cuenten con apoyo de las administraciones se tendrán que implantar alternativas a la venta y la distribución de bebidas envasadas y de vasos desechables.
Por otra parte, los establecimientos de hostelería y restauración deberán ofrecer a los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada apta para el consumo humano, de forma gratuita y complementaria.
Otro de los objetivos de la normativa es la reducción del desperdicio de alimentos hasta el 50 por ciento para el año 2030 en relación con 2020. Para ello, primero se realizará una diagnosis de la situación y acto seguido se creará un código de buenas prácticas para reducirlo, que incluirá que los comercios y puntos de venta no puedan eliminar alimentos en buen estado.
Además, la comida cocinada que sobre de comedores escolares, hospitales, residencias, grandes colectivos, grandes eventos, entre otros, se podrá entregar a comedores sociales y a los particulares que lo necesiten, con la armonización previa de la normativa sanitaria.
Asimismo, los restaurantes y los hoteles tendrán que facilitar a los clientes, si así lo desean, los restos de alimentos no consumidos en envases compostables, a excepción de los establecimientos que ofrezcan bufete o menús colectivos.
La normativa fomenta la recogida separada de residuos en origen, que tendrán que asumir todos los establecimientos públicos y privados y los entes locales en un plazo de dos años. Desde la promulgación de esta ley todos los contratos de limpieza tendrán que prever esta separación en origen.
También se tendrá que ofrecer la recogida diferenciada de materia orgánica compostable, aceite vegetal usado, residuos textiles y residuos peligrosos, todos ellos de origen domiciliario.
Por este motivo, en dos años, se exige a todos los municipios que garanticen el servicio de centro de reciclaje a sus ciudadanos, ya sea de manera independiente o mancomunada, así como un espacio de recepción y almacenaje selectivo de residuos y de productos usados, averiados o no.
Vidal ha asegurado que la Ley recoge el principio de 'quien contamina paga', y prevé bonificaciones por buenas prácticas y para colectivos en riesgo de exclusión social. Igualmente, exige transparencia en las tarifas, las tasas y los precios públicos de recogida y de tratamiento.
