Según ha informado este lunes en un comunicado el cuerpo policial, se les imputa además de los delitos de estafa de Palma, fraudes procesales, coacciones, desobediencia a la Autoridad Judicial, falsedades documentales y alzamiento de bienes.
Concretamente, según las investigaciones de la Policía, el cabecilla del grupo ideó la trama alrededor de tres edificios de apartamentos ubicados en Cala Major, cuyas comunidades de vecinos había presidido hace una década.
Precisamente, ello le facilitó saber que algunos de los apartamentos estaban en situación de abandono, bien por pertenecer a extranjeros que adquirieron los apartamentos en los años 80 como residencia vacacional y que ya habían fallecido sin que sus herederos hubieran hecho gestiones desde sus países de origen o bien por pertenecer a entidades bancarias por razón de embargos.
Con el fin de que los inquilinos creyeran que él era el legítimo propietario, el detenido inició reformas en varios de los apartamentos alquilándolos posteriormente a personas de escasos recursos desde el año 2010.
De este modo, apartamentos de menos de 25 metros cuadrados pensados como residencias para cortas estancias vacacionales se convertían en residencias permanentes.
Igualmente, la Policía Nacional comprobó que los detenidos habían montado una instalación eléctrica clandestina, instalando en el sótano de uno de los edificios un cuarto de contadores ilegal, desde el que distribuían la electricidad a los apartamentos mediante cables que discurrían por los pasillos e incluso el interior de algunos pisos, pudiendo así cortarla a voluntad para presionar a sus víctimas.
A raíz de las investigaciones, los agentes observaron que en algunos casos, ante los inquilinos morosos que no cedían ante las coacciones, los detenidos llegaron a presentar demandas contra ellos tratando de engañar a los Juzgados para hacerles creer que los arrendamientos eran legales, para que los jueces desahuciaran a los estafados que no seguían pagando cada mes y así poder estafar a nuevas víctimas.
En uno de esos procedimientos el inquilino, desconfiando que la vivienda podía no ser de los sospechosos, hizo gestiones en el Registro de la Propiedad y acreditó que el apartamento era de otras personas, acordando el Juzgado el precinto de la vivienda.
Sin embargo, los detenidos violentaron dicho precinto judicial y alquilaron de nuevo el piso, esta vez a una familia extranjera que se quedó se enteró de la trama cuando acudió la Policía Nacional para comprobar los hechos y descubrir el engaño.
Además, el responsable de la organización junto al resto de integrantes, decidieron obtener la propiedad de los inmuebles de forma ilegal, demandando falsamente a los legítimos propietarios de las viviendas ya fallecidos por el impago de las reformas.
Con la operación policial se ha detenido al cabecilla, a su mujer, su hijo, a tres personas más por el cobro de los alquileres y por amenazar a los inquilinos morosos, a los que cortaban el suministro eléctrico de manera habitual y al abogado que realizó las demandas judiciales falsas.
Por el momento, el importe que los investigadores han acreditado que habría sido defraudado por los detenidos excede los 200.000 euros, si bien la investigación sigue abierta y se estima que la cifra puede ser mucho mayor, al haber comprobado que el hijo del artífice de la trama acumula un patrimonio inmobiliario considerable, con cuatro viviendas, varios locales comerciales en Palma y otras propiedades.
