Según han explicado, consideran "negativa" la intención de prohibir la construcción de nuevas viviendas en parcelas agrarias, "independientemente de si tiene o no los metros mínimos para poder edificar en suelo rústico".
En este sentido, el portavoz del grupo parlamentario de El PI, Jaume Font, ha manifestado que "los agricultores deben tener los mismos derechos que el resto de propietarios rústicos de las islas".
"No puede ser que los que, hasta ahora, han mantenido las explotaciones y dan vida al campo sean ahora los más perjudicados", ha remarcado.
Según ha dicho, "no es de recibo que las tierras de los campesinos valgan ahora menos que las de aquellos que no han hecho ningún uso agrario de los terrenos".
Además, El PI tampoco comparte la intención del Govern de subir a 10 hectáreas la parcela mínima para pedir autorización para un agroturismo.
Así, consideran que con esta restricción al Govern "protege" a los grandes propietarios y "castiga" a los pequeños, que no podrán beneficiarse de ingresos adicionales para mantener sus explotaciones.
Si se mantiene esta intención, la única salida que quedará para muchas familias propietarias será la venta, principalmente a extranjeros, y el abandono definitivo del campo, han asegurado desde la formación, indican.
El PI considera que, al menos, debería admitirse el uso de agroturismo con 28.000 metros cuadrados para las explotaciones agrarias con casas que tengan una antigüedad documentada superior a 100 años o estén protegidas por el catálogo de patrimonio histórico municipal.
