La patronal sostiene que “el redactado de la Ley es un recopilatorio de cuestiones que ya están vigentes y que se pueden desarrollar y llevar a la práctica sin necesidad de que esta ley sea aprobada” y añade que “son asuntos que, en definitiva, dependen de la voluntad y, sobre todo, de las capacidades económicas de que dispongan las administraciones para fomentar el acceso a la vivienda”.
CAEB señala que “otro error de la Ley de Vivienda es que pone el foco en contra de la figura del promotor inmobiliario en lugar de considerarlo un aliado a la hora de planificar y desarrollar políticas que promuevan el acceso a la vivienda, fomentando que el promotor pueda hacer viviendas accesibles para las personas con menores posibilidades económicas”.
Por el contrario, la ley incluye al promotor en la definición de “gran tenedor” y, por lo tanto, abre la vía a que se le pueda obligar a ceder viviendas, obviando que si el promotor tiene su producto en el mercado, es decir, si la promoción está en venta, no debería ser considerado como “gran tenedor”.
Por último, CAEB lamenta la falta de eficacia de la Ley de Vivienda, que tendrá que ser complementada más adelante con la elaboración de un registro de viviendas vacías y con un reglamento que regule el procedimiento que marque cómo y en qué condiciones se van a expropiar las viviendas ya que en el texto de la Ley queda indeterminado jurídicamente.
