Así, el ministro de interior del gobierno Rajoy, Juan Ignacio Zoido, ha presentado hoy el plan Turismo Seguro 2018. Y no lo podía hacer en un lugar mejor que Platja de Palma, lugar polémico y problemático de los veranos isleños, precisamente, por la falta de efectivos y por la no aprobación por parte del equipo de gobierno de Cort de la ordenanza cívica. Y es que, sin esta normativa, la policía local no puede actuar. No puede sancionar el botellón ni puede intervenir en caso de prostitución.
Los objetivos de la delegada de seguridad ciudadana al Ajuntament de Palma, Angélica Pastor, se ven frustrados por los palos de sus propios compañeros de gobierno encabezados por el mismo socialista Jose Hila, la morada Aurora Jhardi o la ecosoberanista Neus Truyol. Así las cosas, a falta de ordenanza cívica, que ya se ha aprobado en Calvià, Platja de Palma se convierte en un paraíso para los delincuentes. La última esperanza de los vecinos ya es el plan del ministro Zoido, el cual ha manifestado hoy sus intenciones de mantener presencia policial durante más tiempo. Y todo, precisamente, porque la temporada turística se alarga de cada vez más.
Además, ha recordado que el año pasado se consiguió un reto con 82 millones de turistas internacionales, adelantando a Estados Unidos y solo quedando por detrás de Francia. "Esto no ocurre por casualidad sino porque vivimos en un país seguro", ha remarcado.
En este sentido, ha resaltado que el turismo supone el 16 por ciento del PIB español y que este sector da empleo al 16,5 por ciento de la población activa.
"España es un país muy seguro pero cada día queremos que lo sea más. Así lo perciben quienes nos visitan y este debe ser nuestro aliciente, ha aseverado.
De esta manera, ha asegurado que está convencido de que con la "colaboración institucional, el rigor y la planificación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se conseguirá el resultado y el objetivo pretendido que es cada día España sea más segura".
El ministro ha llegado a la Playa de Palma antes de las 11.00 horas y en su paseo hasta el hotel donde ha presentado dicho plan ha sido acompañado por la delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom y el director general de la Policía, Germán López Iglesias.
El trayecto a pie, que ha transcurrido por distintas calles de la zona, ha sido vigilado por un amplio dispositivo policial en el que han intervenido agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
A su llegada al Hotel Barceló Occidental, Zoido ha sido recibido por distintas autoridades entre las que se encontraba la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, el líder del PP, Biel Company, así como la portavoz popular en el Parlament, Margalida Prohens y otras personalidades civiles y militares.
En la presentación del acto, la delegada del Gobierno ha agradecido los "refuerzos" policiales que han sido "constantes temporada tras temporada" y que, además, han ido creciendo.
Según ha dicho, este año los refuerzos serán "aún mayores" que en 2017 cuando ya se alcanzó la cifra más alta hasta la fecha.
"El Gobierno de España no ha escatimado ni un ápice en el binomio turismo-seguridad", ha dicho Salom que también ha celebrado la "sensibilidad especial" del Ministerio "para con nuestras Islas".
Por otro lado, el ministro del Interior ha remarcado que no se va a "reconocer ningún tipo de valor" a que ETA haya hecho una declaración de disolución porque "hacía tiempo que ya habían sido derrotados" y ha remarcado que no habrá "impunidad" tal como demuestra la operación desarrollada este jueves contra la intervención de numerosos bienes por la deuda contraída con el Estado por sus acciones terroristas.
Según ha dicho, "el Gobierno va a mantener firme su política terrorista" que ha hecho que "ETA asuma su derrota". "No va a haber impunidad, los crímenes se van a seguir investigando, los terroristas con causas pendientes van a seguir siendo buscados, seguirán siendo detenidos y, si hay sentencias condenatorias, se cumplirán", ha remarcado.
En este sentido, ha destacado que este jueves se haya abierto una operación contra miembros de ETA por deudas contraídas por el impago de responsabilidad civil por sus actos criminales.
En la operación, agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, están desarrollando una operación para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 condenados de ETA que adeudan más de ocho millones de euros.
Así, ha remarcado que "el Gobierno va a mantener su compromiso" con los que fueron "asesinados, amenazados, extorsionados" y con sus familiares. "No vamos a permitir que se falte el respeto a las víctimas", ha dicho.
De esta misma manera, ha mostrado su "rechazo" a "cualquier grupo de trabajo conjunto" que tenga como objetivo el acercamiento de presos. "La política penitenciaria es la que ha sido y seguirá siendo conforme a lo que marca la ley", ha destacado.
